Las cuentas de Nacho Murgui, considerado ‘número 3’de Manuela Carmena y expresidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), no están «claras». De hecho, meses después de que se hicieran públicas las declaraciones de transparencia de los concejales, la suya sigue siendo una incógnita.

Lo único que revelan es que el ahora delegado del Área de Coordinación Territorial del consistorio trabajó durante nueve años como técnico de la FRAVM. Un periodo en el que gestionó subvenciones públicas millonarias como responsable de dos programas sociales para la citada entidad asociativa que presidió desde 2007 hasta 2015.

Para el PP, Nacho Murgui cobró desde 2006 como técnico de la FRAVM y mantuvo y compatibilizó un puesto remunerado en la organización con el cargo «gratuito» de presidente, contraviniendo la normativa municipal. Lo hizo al incumplir los requisitos que establece el Reglamento de Participación Ciudadana que regula las subvenciones de este tipo de asociaciones y que, en su artículo 36, establece que «los miembros de los órganos de representación de la entidad que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos o subvenciones».

Los populares sostienen que Murgui lo hizo al mantenerse «a sí mismo» como técnico de la FRAVM mientras era su presidente, pese a no haber recibido remuneración como miembro de la junta directiva de la federación tal y como estipulan sus estatutos. Es decir, que siendo «miembro de los órganos de representación de la entidad» percibió un sueldo por su condición de técnico de forma «irregular». En este sentido, se deduce que a la vez que presidía la FRAVM cobraba su salario como técnico procedente de subvenciones del Ayuntamiento para programas «sociales».

Según los estatutos de la FRAVM, ni el presidente ni los miembros de la junta directiva pueden recibir un sueldo por esta labor.

Murgui, como presidente de esta importante federación vecinal, gestionó desde 2007 hasta 2015 subvenciones millonarias concedidas por el Ayuntamiento de Madrid. Al mismo tiempo desempeñó el puesto de técnico-coordinador del programa de Dinamización Vecinal y Participación Ciudadana de la FRAVM, que recibió del consistorio dinero público que superó los 6,5 millones de euros entre 2006 y 2015. Es de esas subvenciones de las que, según las fuentes consultadas, salen los salarios que los técnicos cobran de la federación de asociaciones vecinales. Ahí está la clave de la «irregularidad» cometida por el ahora edil.

Los populares quieren conocer qué cantidades percibió como técnico a la vez que era presidente de la FRAVM y si este asunto tiene algo que ver con la «opacidad» en su declaración de bienes.