He leído el artículo del Miguel Ángel Berzal en el Correo de Pozuelo sobre “la falta de transparencia en la gestión política” del Gobierno del PP y como antiguo concejal de la corporación pozuelera, me he animado a escribir sobre este asunto.

Como no quiero ser pretencioso sólo me centraré en la parte de la que habla sobre el Estatuto de Gran Ciudad o técnicamente hablando sobre “El régimen especial de los municipios de gran población” y del timo que supone, concretamente, para el ciudadano de Pozuelo en virtud del uso que está haciendo el PP de ello.

Este régimen, de Gran Población, viene legislado en el título X de la Ley de Bases de Régimen Local. Lo que se inspira en la Ley es promocionar la participación ciudadana en la vida municipal, pero resulta que el gobierno del PP, como siempre, le da la vuelta a la tortilla para que sea todo más opaco, si cabe, para el ciudadano.

Voy a resumir con dos conceptos  lo que a mi juicio ha traído consigo este estatuto: más gasto y más burocracia. Y en esto coincido plenamente con el portavoz de Ciudadanos.

Pero vayamos por partes:

Para la Alcaldesa y su Gobierno ha traído la posibilidad de tener Directores Generales y más asesores, más enchufados en general, propiciando prácticas de nepotismo. Como si con los novecientos funcionarios que tiene el ayuntamiento no bastasen. Además, refuerza el poder de la Junta de Gobierno Local que es nombrada por el Alcalde a su antojo (algo que acaba de suceder recientemente con el nombramiento del concejal Oria).

Me gustaría hacer un breve inciso para explicar al lector cómo funciona esto de los nombramientos: la Ley prevé dar más poder a un órgano colegiado, como es de facto  la Junta de Gobierno, frente al poder omnímodo de los Alcaldes, pero en un escenario de mayoría absoluta, en ausencia de pactos, son los Alcaldes los que quitan y ponen a los miembros de este Consejo, con lo cual, al final, es el Alcalde el  que sigue dominando el cotarro.

Por otra parte, está el Pleno, donde están representados todos los grupos políticos. Pero el Pleno, con este estatuto, pierde el control sobre temas tan sensibles como la contratación administrativa y la aprobación de determinados instrumentos de desarrollo urbanístico. Es decir, hay una pérdida de control y por tanto de transparencia.

Y en tercer lugar, y más importante, está el ciudadano que, en teoría, debería ganar una mayor participación y protagonismo en los asuntos municipales.

Para fomentar la participación ciudadana, la Ley  prevé la obligación de crear dos instituciones: por un lado el Consejo Social de la Ciudad, ya constituido muy a regañadientes, donde se reúnen los agentes de la vida socioeconómica más activos y relevante de Pozuelo de todos los sectores. Y, por otro lado, está la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, donde cualquier ciudadano puede expresar su opinión libremente. Por cierto,  de esta última institución a día de hoy ¡y después de ocho años! desde que se aprobó el régimen especial por acuerdo de la Asamblea de Madrid el 21 de febrero de 2008, solo se han aprobado sus estatutos (el que esté interesado en consultarlos puede pinchar aquí ) .

Lo que está claro es que el PP de Pozuelo ha tergiversado completamente el espíritu de la ley, anulando las competencias del Pleno y ridiculizando los mecanismos y  órganos de participación ciudadanos previstos. Y esta actitud demuestra que eso de la transparencia le importa un pepino. Lo único importante para ellos es no perder el control y la participación ciudadana la dejan para eso que se hace cada cuatro años.

Enrique López. Ex concejal de Pozuelo con UPyD y actual militante de base en Ciudadanos.