La sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres años de cárcel a dos concejalas del grupo municipal Ganemos Ahora Valdemoro, Rosa Agudo de Blas y Paloma Agudo de Blas –número 2 y 3–, por un delito de insolvencia punible. Así lo indica una sentencia, con fecha del 1 de octubre a la que ha tenido acceso ABC, que falla en contra las ediles, los padres y dos hermanos más, a las penas de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, veinte meses de multa con una cuota diaria de doce euros y una indemnización de 560.000 euros más intereses a dos inmobiliarias. El plazo para recurrir la decisión judicial termina mañana.

Las empresas reclaman los 600.000 euros entregados a la madre de familia, Juana de Blas, por no cumplir un contrato sobre la compra de unos terrenos en Colmenar de Oreja en el año 2007. Según la sentencia, los acusados, «conscientes de que Juana de Blas Olivar tenía que hacer frente a una deuda superior a los 600.000 euros» acordaron que la matriarca se declarara «insolvente y con ello poder defraudar a los acreedores».

Los magistrados de la Audiencia Provincial cuestionan incluso las justificaciones que da la familia sobre el uso de ese dinero, como «varios cruceros por el Mediterráneo, Caribe y por los fiordos noruegos» o el gasto de casi 50.000 euros en «restaurantes, hoteles y casino». Un gasto tan elevado en un periodo tan pequeño de tiempo que, para los jueces, «resulta fuera de toda razón».

El origen del caso se sitúa en 2007 cuando la acusada recibe 621.200 euros como parte del precio de compra de unas fincas, según el abogado de la acusación, con la condición de que fueran recuperadas por la acusada como heredera mediante un derecho de retracto reclamado a la empresa Fadesa, que previamente había adquirido esos terrenos a las hermanas de la acusada.

Sin embargo en 2010 el Tribunal Supremo dicta sentencia firme en la que se desechan las reclamaciones de la acusada, por lo que la inmobiliaria que había adquirido los terrenos le reclama la cantidad entregada, aunque la acusada reparte el dinero entre su familia para emplearlo «en su consumo particular» y «con la intención de evitar la devolución y de eludir la persecución de su patrimonio por las sociedades».

La acusada alegó que no tenía obligación de devolver cantidad alguna porque en el contrato «se había afianzado la operación con otra tierra propiedad de ésta», por lo que de hecho se le llega a absolver del delito de apropiación indebida, aunque son condenados por insolvencia punible en una sentencia que todavía no es firme.