El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado hoy en la comisión municipal de este área que el Consistorio someterá a la votación del Pleno un nuevo tributo de residuos a los inmuebles de uso no residencial; un pago del que los madrileños estuvieron exentos tras suprimirlo Ana Botella en 2014. La denominada Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA) gravará a los edificios con actividad comercial, industrial, profesional, artística, administrativa, de servicios, sanitaria o análogas que tengan «un uso catastral distinto al residencial o al de almacén-estacionamiento».

El nuevo impuesto, con el que se pretende recaudar unos 38 millones de euros, afecta al 7% de los recibos en la capital por encima de determinados valores catastrales, como el valor del inmueble en cuestión y de una cuota de generación, según el uso del mismo. La explicación de Sánchez Mato se ha enmarcado dentro de la cuestión planteada por el edil de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo, quien ha solicitado un avance de cómo será el aumento en la recaudación por subidas en impuestos y tasas municipales. Según el concejal de Ahora Madrid, esta medida está encaminada a compensar la bajada del IBI, algo que se aprobó en contra de su voluntad y con el voto favorable de PP, PSOE y Ciudadanos.

Además, el Ayuntamiento que rige Manuela Carmena tiene previsto elevar los coeficientes de situación del Impuesto de Actividades Económicas, de modo que en 2016 se subirá un 7,87% los viales de categoría 2 (los segundos más elevados) y un 10% los de categoría de 3 a 9. Con esta medida, que no afecta a la categoría 1 porque ya está en el máximo permitido por Ley, se prevé recaudar unos 6,1 millones de euros.

En segundo término, el área de Economía y Hacienda Impuesto ha anunciado en la misma comisión los cambios referentes a las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Según Sánchez Mato se aplicará una bonificación del 95% sobre los primeros 45.000 euros del coste real, con la supresión de la misma en los casos de declaración de especial interés o utilidad municipal, como se establecía hasta ahora. Con esta modificación se prevé una recaudación de 13,3 millones de euros.