La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido a los centros de salud una nueva circular sobre la forma de atender a los inmigrantes irregulares y que precisa que se curse su asistencia bajo la fórmula ‘Transeúnte Sin Permiso de Residencia’ (TIR). Así lo detalla el documento remitido el pasado lunes a los directores de centros de salud de la Comunidad de Madrid por parte de la Dirección General de Coordinación de Asistencia Sanitaria.

En este escrito, la subdirectora de Planificación y Aseguramiento, Pilar Calvo, expone a los centros de salud que la asignación de profesionales sanitarios para inmigrantes irregulares se tramitará a través de la figura de ‘Transeúnte Sin Permiso de Residencia’ mientras se promulga una normativa para la prestación del servicio sanitario en el caso concreto de este colectivo. «En tanto se promulga la misma, aquellos extranjeros que acudan a nuestros centros de salud solicitando dicha prestación, que estén empadronados en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid y que no tengan derecho a la asistencia sanitaria por otro título de aseguramiento, se incluirán en Cibeles (un programa informático) con el tipo de ciudadano TIR asignándoles los profesionales sanitarios correspondientes», expone la circular.

Fuentes de AMYTS han detallado que la condición de ‘Transeúnte Sin Permiso de Residencia’ (TIR) es una figura ya existente en la legislación y que contempla casos de personas que acuden a los centros sanitarios sin documentación. Por ejemplo, apuntan a que recogen tanto casos de nacionales como inmigrantes y ponen de ejemplo la situación de ciudadanos de otras comunidades autónomas que acuden a los centros de salud sin documentación.

En estos casos, el protocolo establece que ante la falta de documentación se cursa un procedimiento en el Instituto Nacional de la Seguridad Social que emite un documento con fecha de caducidad. Apuntan desde AMYTS que «inicialmente no vale para la prestación farmacéutica». Desde el sindicato de médicos, se ha tildado la fórmula provisional empleada por la Consejería de Sanidad de «insuficiente» e instan al Gobierno regional a volver a la situación que existía en 2012, cuando estaba en vigor el decreto que regulaba la asistencia universal a cualquier persona.

Exponen que ello debe acometerse por «razones humanitarias» y al sostener que en sanidad no se puede dar un trato distinto por el origen o la situación administrativa de las personas que solicitan asistencia.