(25-08-15) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quiere que sea el Consejo Inteterritorial de Sanidad que se reúne a principios de septiembre el que fije los criterios comunes para atender sanitariamente a inmigrantes irregulares en toda España o será el Ejecutivo regional el que los fije en la región.

Tras mantener una reunión entre el alcalde de Torrejón de Ardoz, Cifuentes no ha querido entrar a opinar si fue ella la que se adelantó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar la recuperación de las prestaciones sanitarias completas a inmigrantes ‘sin papeles’ o viceversa porque cree que ese debate “no tiene sentido”.

“El planteamiento que yo he hecho es el que planteó hace unos meses el ministro de Sanidad, que se iba a devolver determinadas prestaciones sanitarias a inmigrantes irregulares, unas prestaciones sanitarias que se le retiraron en un Real Decreto en 2012 como consecuencia de la crisis. Anuncié el otro día que en la Comunidad van a dar prestaciones a las personas, a quienes tenemos esa obligación moral de dar la atención sanitaria si lo necesitan”, ha esgrimido.

Eso sí, la presidenta regional ha aclarado que no proporcionarán la tarjeta sanitaria a estas personas porque “podría contravenir determinados requerimientos de la Unión Europea, ya que podrían contraer determinadas obligaciones económicas en otros países europeos que no estamos en disposición de poder contraer; pero sí darles un documento con historias clínicas e ir más allá de una atención sanitaria de Urgencias y que puedan recibir también Atención Primaria y Especializada, que hasta ahora se da a mujeres embarazadas, a menores y también a algunas personas en determinadas situaciones como víctimas de trata o asilo”.

Cifuentes cree, tras el anuncio en el mismo sentido hace unos días del presidente del Gobierno, que se debe tomar una decisión para que las prestaciones sanitarias proporcionadas sean las mismas en toda España. “El acuerdo entiendo que se debe de tomar en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que se va a reunir en la primera semana de septiembre y espero que ahí se decida entre todas las comunidad, y que se garantice la equidad, igualdad de prestaciones en todas las comunidades”, ha dicho.

En ese sentido, la titular del Gobierno autonómico ha destacado que lo que pretende aplicar Madrid “no es contradictorio” con la política del Ejecutivo central, “sino que coincide con la propuesta que hizo hace un par de meses el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso”.

Eso sí, la Comunidad de Madrid no conoce todavía a cuantas personas podría beneficiar esta situación “porque además en gran medida a las personas que no tienen regularizada la situación ya se le está atendiendo ‘de facto'”.

“La discrepancia es que a las personas que no tienen tarjeta sanitaria se les emite factura, que en muchos casos es orientativa del coste que tiene la prestación. Pero es verdad que hay ciertas disfunciones y diferencias interpretativas en unos centros y municipios que en otros de ver cuál es la forma de actuar cuando acude al centro un inmigrante sin tarjeta”, ha reconocido.

Por ello, la presidenta autonómica quiere un criterio estatal “claro y uniforme” para evitar dichas disfunciones. Y, si no llega dichos criterios, el Consejo de Gobierno regional aprobará una instrucción en este sentido.

“Creo que es una cuestión moral. En una sociedad avanzada y desarrollada no se puede dejar de prestar determinados servicios a personas que lo necesitan. Eso es lo que tenemos que hacer y este gobierno lo va a hacer”, ha concluido.