(03-08-15) Es de agradecer que los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid cumplan con sus compromisos electorales y pidan, como prometieron, le derogación de la Ley Virus (Ley de Viviendas Rurales Sostenibles).

Esta Ley, aprobada por la Asamblea en 2012, con la presidencia de Ignacio González pero gestada mientras era presidenta de la Comunidad doña Esperanza Aguirre, permite la construcción de viviendas en espacios que, hasta ese momento, gozaban de cierta protección, como los no urbanizables (caso del Monte de Pozuelo), aunque no lo permite en otras zonas que tienen una protección superior, como aquellos que gozan de una protección sectorial o los pertenecientes a la Red Natura.

Con la derogación de la Ley VIRUS se evitará la construcción de viviendas en el Monte de Pozuelo, incluso de aquellas cuya licencia ya ha sido solicitada y está en trámite en estos momentos, siempre que se derogue antes de la concesión de las licencias o su derogación tenga carácter retroactivo, y esa es una buena solución para el problema más acuciante de este momento, pero no es la solución definitiva.

El problema del Monte de Pozuelo es que es de propiedad privada y, más allá del cuestionamiento de la legitimidad histórica de esa propiedad, de si proviene de la desamortización de Mendizábal o si fue siempre terreno privado, el peligro reside en que no sea de propiedad pública, como plantea el Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, que prevé la permuta de los terrenos del monte por aprovechamientos urbanísticos en la zona de Montegancedo.

La actitud de los propietarios es lógica, quieren sacar a su propiedad el mayor rendimiento posible, y saben que un terreno sin posibilidades de urbanizar vale mucho menos que uno urbanizable, aunque sea para una urbanización un tanto “especial”, con una vivienda por cada parcela de 6 hectáreas. El hecho de que se concedieran las licencias solicitadas multiplicaría el valor del suelo y por tanto haría que la permuta o la expropiación fueran mucho más provechosas cuando se lleven a efecto, si es que se llevan.

Pero cuidado, la Ley VIRUS no es el único problema que acecha al monte, ya hay una actividad permitida en esta zona y es la de celebración de eventos (en la Finca El Chaparral concretamente), y se pueden extender otros usos, amparados por la Ley Escoba o Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2013 que permite, entre otros usos las tiendas de productos agropecuarios, los establecimientos hosteleros o las casas y hoteles rurales.

Estas modificaciones legales afectan a otros muchos espacios protegidos de la Comunidad de Madrid, pero, en lo tocante al Monte de Pozuelo, hacen que la Ley VIRUS sea sólo la punta del iceberg de los peligros que acechan a este pulmón de la zona oeste.

La única solución definitiva para el Monte de Pozuelo es conseguir que pase a ser de propiedad pública y eso depende de la voluntad política que no han demostrado los gobiernos que hemos tenido hasta ahora, incluyendo el inmovilista periodo 2011-2015, en el que Paloma Adrados no fue capaz de mover un dedo en defensa de los derechos de los vecinos de Pozuelo más allá de cumplir con el papel que le fue asignado: que no hubiera más escándalos y que cuadraran las cuentas.

Esperemos que Susana Pérez Quislant tenga una mayor capacidad de obrar y haga que su mandato sea recordado por sus acciones y no por sus omisiones.

José Antonio Rueda