(24-07-15) El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado desde octubre pasado a un total de 92 personas en la investigación sobre la red de corrupción Púnica, que consiguió contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación ‘on line’ en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Así consta en un auto, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 levanta el secreto de las actuaciones judiciales seguidas contra la trama, desarticulada en octubre de 2014 y liderada por el exsecretario general del Partido Popular de Madrid (PP) Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza.

El magistrado explica que la investigación comenzó el 13 de junio de 2014 a partir de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se denunciaba que Granados y Marjaliza tenían, junto a sus esposas, “varias cuentas en un banco suizo” y que existían sobre las mismas “indicios de la eventual comisión de un delito de blanqueo de capitales”.

También se apuntaba a la existencia de determinadas transferencias desde una cuenta de Singapur a un depósito a nombre de Marjaliza y su hermana que se justificaron como “exportaciones de supuestas obras de arte”, así como de “dudosas actuaciones y contrataciones” llevadas a cabo en Valdemoro, el municipio del que Granados fue alcalde hasta 2003.

El instructor resume de esta manera los negocios de la trama: “ventajas urbanísticas, dudosos traspasos de inmuebles, consecución de importantes plusvalías, ventas de parcelas públicas de la época del ‘boom’ inmobiliario presuntamente infravaloradas y la contratación de obras y servicios”.

Las intervenciones telefónicas, según el auto, también confirmaron la “frecuente utilización de las relaciones personales e influencias políticas” por parte de Granados y Marjaliza para conseguir “la adjudicación fraudulenta de contratos públicos” a empresas vinculadas al constructor y “facilitar auditorías con perjuicio para los intereses de la administración y en detrimento de las arcas municipales”.

Velasco sostiene que la red se conformó como “un complejo entramado societario” creado por Marjaliza, “gestionado y dirigido” por su secretaria, Ana María Ramírez, y conformado por otros empleados, entre ellos el director de una sucursal de Ibercaja. Todos ellos “cooperaban de forma constante en los fines de enriquecimiento ilícito” del empresario.

Además de favorecer a sus empresas, Marjaliza actuaba como “conseguidor” de adjudicaciones para otras compañías, entre las que Velasco cita Alfedel, que se hizo con la construcción de colegios públicos y privados “a cambio de una comisión pactada”; y Cofely España, filial de la multinacional francesa GDF Suez, que consiguió “contratos de eficiencia energética amañados” en los municipios madrileños de Móstoles, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado Villalba, Serranillos del Valle y Parla.

El magistrado también pone de relieve la labor de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, que mantenían “continuos contactos” con Marjaliza, Granados y “autoridades públicas y políticas” de Valencia, Murcia, Madrid y León para la obtención de “contratos públicos” y la prestación de “servicios de reputación”.

“En la Comunidad de Madrid se conocieron contactos entre De Pedro y funcionarios y autoridades”, entre ellos los exconsejeros de Presidencia y Justicia Salvador Victoria y Educación Lucía Figar para “conseguir adjudicaciones de nuevos contratos de reputación en la red o bien para la realización de trabajos para alguno de ellos relacionados con la mejora de su imagen en Internet”.

El juez añade que el Gobierno madrileño pagaba por estos trabajos, “no abonados ni justificados de manera contable”, a través de “formas de pago encubiertas”, utilizando adjudicaciones de contratos “en vigor” como uno de la multinacional Indra. Esta actividad provocó la imputación de consejero delegado Javier de Andrés y del director general de Operaciones Santiago Roura.

La “pleitesía” que determinados cargos públicos y funcionarios rendían a la red provocó que el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino llegara a advertir de la existencia de la investigación de la Policía Judicial a Granados, que a su vez “alertó” a Marjaliza, lo que permitió a este adoptar “todo tipo de precauciones”.

El juez Velasco ha imputado al exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid Manuel Pérez Gómez, que sustituyó interinamente en el cargo a Lucía Figar.

Pérez Gómez fue nombrado consejero el 4 de junio y cesó de su cargo el día 26, con la entrada del Ejecutivo autonómico presidido por Cristina Cifuentes. Durante la pasada legislatura fue viceconsejero de Educación, cargo al que accedió después de ser secretario general técnico de este departamento.