(18-07-15) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a través de su Memoria Anual, ha advertido de la necesidad de eliminar los expedientes judiciales innecesarios, que puestos en fila superarían ya los 152 kilómetros.

Así, el documento incide en que la Junta de Expurgo, «cuya actuación ha sido muy limitada», debe seleccionar lo que debe conservarse y destruirse para lograr que cuando se haga el traslado a una futura Ciudad de la Justicia «se haya reducido el archivo de los procedimientos a lo estrictamente necesario».

En cuanto a la Oficina Judicial, lamentan que haya tenido «una escasa implantación en los órganos judiciales madrileños», por lo que proponen expandir los Servicios Comunes de Actos de Comunicación a todos los partidos judiciales, ampliar el personal de los Servicios Comunes de Registro y Reparto y de las oficinas de Centros Penitenciarios, y crear Servicios Comunes de Expedición de Copias Digitales y de Depósito y Realización de bienes decomisados o embargados.

En relación a la gestión de personal, el TSJM critica «deficiencias en las relaciones de puestos de trabajo y en régimen disciplinario de funcionarios», y abogan además por corregir «las disfunciones con relevancia disciplinaria en las que pueda incurrir algún funcionario».

Además, en cuanto a la sustitución voluntaria en órganos judiciales, critican que en algunos de ellos no ha podido aplicarse, o la ausencia de voluntarios «ha hecho inviable este sistema». Tampoco en el caso de los Jueces de Adscripción Territorial, que consideran «muy útil para reforzar órganos judiciales, pero no tanto para labores de sustitución».

Sobre los abogados de oficio, el TSJM lamenta el «conflicto» entre los Colegios de Abogados y la Consejería de Justicia, afirmando que la retribución de estos letrados «debe estar en consonancia con el servicio prestado en cada caso y ser puntualmente abonada al profesional interviniente».

A este respecto, Vieira ha afirmado que «es el momento de que desde la Consejería de Justicia se trate de dar una solución definitiva», y ha abogado por un «entendimiento para lograr una solución adecuada» y «evitar disfunciones graves» en este servicio.

Algo similar apuntan en el caso de traductores e intérpretes, sobre quienes piden que se preste una «especial atención» a su cualificación, para «colmar las exigencias de este derecho a la traducción o interpretación».