(27-05-15) Los alcaldes que sean elegidos tras los comicios municipales del pasado domingo cobrarán un salario máximo de 100.000 euros anuales, el equivalente al sueldo que percibe un secretario de Estado, y el 82% de los concejales no cobrará por serlo.

En todo caso, esta cantidad máxima sólo podrían percibirla los regidores de las grandes ciudades, con más de medio millón de habitantes, ya que el tope salarial va disminuyendo conforme desciende la población.

Así queda establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también conocida como Ley de Reforma Local, que fija que deben ser los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los que establezcan anualmente el máximo total que pueden percibir los integrantes de una corporación local.

En dicha norma se recoge que el criterio a tener en cuenta como referencia a la hora de determinar los salarios de los alcaldes ha de asimilarse al de los secretarios de Estado.

En ese sentido, en poblaciones de más de 500.000 habitantes el sueldo tope será de 100.000 euros; en aquellos municipios de entre 300.001 y 500.000 habitantes el salario máximo será de 90.000 euros; en ciudades de entre 150.001 y 300.000 habitantes, 80.000 euros; en urbes de entre 75.001 y 150.000 habitantes, 75.000 euros; en núcleos urbanos de entre 50.001 y 75.000 habitantes, 65.000 euros; en poblaciones de entre 20.001 y 50.000 habitantes, 55.000 euros; en municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes, 50.000 euros; en urbes de entre 5.001 y 10.000 habitantes, 45.000 euros, y en poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 40.000 euros.

Esta ley fija que los integrantes de los ayuntamientos con una población inferior al millar de habitantes no tendrán dedicación exclusiva. De este modo, para aquellos que tienen una dedicación del 75% se fija un sueldo de 30.000 euros; para los que cuentan con una dedicación del 50%, 22.000 euros, y para los que disponen de una dedicación del 25%, 15.000 euros.

La puesta en marcha de esta normativa no tendrá un gran impacto en las grandes ciudades, en las que las retribuciones de sus alcaldes se aproximan a los 100.000 euros de tope establecido en la norma. A pesar de ello, los regidores sí tendrán prohibido recibir cualquier otro tipo de percepción económica distinta de la recibida por el ejercicio de su cargo.

El alcalde saliente de Barcelona, Xavier Trías, tenía una remuneración de 110.000 euros anuales; la alcaldesa saliente de Madrid, Ana Botella, tenía un sueldo de 95.000 euros; la alcaldesa saliente de Valencia, Rita Barberá, cobraba 87.000 euros, mientras que el alcalde saliente de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, recibía 91.812 euros, según los datos disponibles de 2013.

Por su parte, de los 68.285 concejales que hay en España, únicamente percibirán un salario 12.188 (un 18%), mientras que el 82% restante no tendrá una retribución por el ejercicio de su labor, atendiendo a lo establecido en dicha ley.

Hasta el momento, muchos concejales, especialmente de los municipios con menor población, no recibían ningún tipo de remuneración por el trabajo que ejercían. La novedad estriba en el hecho de que numerosos ediles de Madrid y de Barcelona no tendrán un sueldo.

De los 57 concejales que tiene Madrid, por ejemplo, si llegase a gobernar la candidatura de Ahora Madrid, 12 no cobrarán, mientras que de los 41 de la Ciudad Condal, cuyo bastón de mando lo ostentará casi con toda seguridad Ada Colau, nueve no percibirá un salario.

En las ciudades de entre 700.001 a un millón de habitantes ocho de sus 33 ediles no tendrá remuneración; en las de entre 500.001 y 700.000 esta realidad afectará a nueve de sus 31 concejales; en las de entre 300.001 a 500.000 no cobrarán nueve de sus 29 representantes; y así hasta llegar a las urbes más pequeñas, que tendrán prohibido pagar a ningún concejal.

Los ayuntamientos que se constituirán próximamente tendrán que reducir su plantilla de asesores en función de su tamaño, pudiendo haber en toda España un total de 6.489 empleados de este tipo, que únicamente podrá representar el 0,7% de la plantilla en las seis ciudades españolas que tienen más de 500.000 habitantes. Los municipios de entre 50.001 y 500.000 de habitantes tendrán que equiparar su cifra de concejales al de asesores (entre 12 y 29), teniendo prohibida la contratación de estos trabajadores las urbes de 5.000 habitantes.