(09-01-15) Parla ya no tiene las condiciones mínimas de salubridad. Su huelga política, consecuencia de la división interna del PSOE madrileño, está llegando al límite.

La ruina que Tomás Gómez (alcalde entre 1999 y 2008, y ahora secretario general del PSM) y José María Fraile (regidor desde 2008 al pasado mes de octubre, cuando fue detenido en la Operación Púnica), ha ido generando una situación insostenible. Y el problema es que no tiene visos de solución porque es una cuestión político personal entre Tomás Gómez y Beatriz Arceredillo.

Entretanto, cunde la preocupación en la ciudad porque han vuelto los niños a los colegios y todo Parla es suciedad. Incluso, hay farolas apagadas porque las ratas han roído sus cables.

La cosa es tan grave que el equipo de la alcaldesa Arceredillo ha denunciado a la policía y a la dirección nacional del PSOE presuntas irregularidades en las elecciones primarias celebradas el pasado otoño por el Partido Socialista de Madrid (PSM) para elegir a su candidato en esa localidad, para los comicios municipales de mayo, que estarían relacionadas con la huelga de basuras.

Esta crisis política comenzó el 27 de octubre con la detención en la Operación Púnica del entonces alcalde, José María Fraile, por su presunta implicación en una trama corrupta. Fraile, amigo de la infancia del secretario general del PSM, Tomás Gómez (que se labró su capital político como alcalde de esa ciudad entre 1999 y 2008), dimitió días después.

El PSM presionó entonces a las dos siguientes en la lista socialista, María José López Bandera y Beatriz Arceredillo, para que renunciaran al bastón de mando, de forma que pudiera hacerse con la alcaldía el cuarto en la candidatura, Pablo Sánchez Pastor.

María José López Bandera aceptó echarse a un lado, pero no así Beatriz Arceredillo —muy crítica con la gestión de Gómez y de Fraile—, que se convirtió en alcaldesa el pasado 14 de noviembre.

A partir de ese día se encontró todas las trabas posibles no sólo por parte de la oposición sino de su propio partido, que dificultó hasta el límite la formación de la nueva corporación municipal.

En ese contexto, el 3 de diciembre comenzó una huelga encubierta de basuras en Parla, que se oficializó el 1 de enero.

Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la jefa de Gabinete de la alcaldesa, Rocío González, denunció el 11 de diciembre que, una semana antes, al revisar por una cuestión de intendencia el despacho de su predecesor, Antonio Borrego (detenido también en la Operación Púnica), halló unas setenta fichas de afiliados al PSM (con información personal y bancaria).

Esa documentación debe estar en manos de la dirección nacional del PSOE y no en un despacho del Ayuntamiento, señalan fuentes conocedoras de la denuncia.

González avisó en ese momento a Pablo Sánchez Pastor, concejal de Presidencia, que acudió al despacho. Según la denuncia, aseguró que las personas de la lista eran “romanos” (“militantes que votan decisiones en bloque y obedeciendo directrices”), y exclamó: “A pesar de todo eso, he ganado”.

Hacía referencia presuntamente a las primarias de otoño, en las que él contaba con el respaldo de Gómez y su rival, López Bandera, tenía a su vez el apoyo de Fraile.

En su denuncia policial, la jefa de Gabinete de la alcaldesa asegura que “puede haberse producido una irregularidad en el proceso de elecciones primarias”, y explica que su predecesor, Antonio Borrego, fue el encargado de la campaña de López Bandera, que perdió ante Sánchez Pastor.

Esos mismos hechos fueron comunicados el pasado viernes a la secretaría de Organización y a la Comisión de Ética del PSOE nacional, con una condición añadida: según la denunciante, “parte” de esos romanos “tienen una relación contractual” con las dos empresas, Garbialdi y Sadifer, que prestan el servicio de basuras de Parla, en el que “sin saber muy bien las razones, desde el 3 de diciembre se han producido irregularidades” y “una dejación de funciones que ha culminado el 1 de enero en una huelga indefinida”.

Según fuentes conocedoras de la denuncia, hasta medio centenar de esos romanos estarían vinculados con las concesionarias del servicio de basura; supuestamente, la mayoría son capataces y mandos intermedios, o familiares de trabajadores.

La dirección del PSOE no ha respondido aún a la denuncia, según fuentes cercanas a la alcaldesa. En el escrito se pedía la apertura de un expediente y la expulsión de Cristina Vélez, secretaria de Organización en Parla. Fuentes del PSM dicen no tener constancia de esta denuncia, recalcan que las primarias se celebraron con total limpieza y piden a la alcaldesa que se centre en gestionar Parla.