El 8 de mayo de 1561 Felipe II ordenó que la Corte (lo que hoy llamaríamos gobierno) -la sede central de todos los reinos de la Monarquía Católica- se estableciese de forma definitiva en la villa de Madrid por dos motivos fundamentales:

1. Ser la población más céntrica de todos sus reinos en la península ibérica e islas adyacentes por lo que el viajar hasta ella desde cualquier lugar suponía un viaje más corto que a cualquier otra posible capital (Toledo, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pamplona,…)
2. Porque como en la villa de Madrid el poder e influencia de la nobleza y de la iglesia eran escasos la Corona sería más libre.

Madrid pasó a ser la capital de España y todos los territorios españoles, tanto los peninsulares como los extrapeninsulares que conservaron sus propias instituciones (cortes y fueros). La opinión general aceptó que la orden regia sobre la capitalidad de Madrid era un acierto y un beneficio general para todas las personas y territorios.

La capitalidad de Madrid se mantuvo y no fue discutida por nadie en ningún reinado (ni siquiera en los Decretos de Nueva Planta), ni en ninguna constitución posterior. La única excepción estuvo en 1601 cuando el duque de Lerma trasladó la corte a Valladolid donde seis meses antes había comprado toda clase de propiedades.

Finalidad -no confesada- de ese traslado: que al ser Valladolid la nueva capital las propiedades adquiridas por el duque se sobrevalorasen y al venderlas obtuviese un gran beneficio. En 1606 ya las había vendido y con la cartera bien llena ordenó el regreso de la Corte a Madrid.

No deja de ser sorprendente que ahora, cuatrocientos sesenta años después, se quiera romper la condición de Madrid con el falso argumento de la “necesidad de que entidades públicas salgan de la capital” basándose en una mal llamada Memoria Democrática (realmente es desmemoria parcial, por lo que debiera llamarse Memoria Sectaria) hija del pleonasmo que se llamó Memoria Histórica y que no se sabe bien que iletrado lo inventó.

Si Felipe II no quería que ningún otro poder influyese sobre la monarquía, acaso ahora esa buena intención se haya roto porque un personaje que es doctoroide (aparente doctor), que preside un gobierno social-bolchevique, que tiene tendencia a la autocracia y que por ello va de bis rey (por ejemplo: vacaciones gratis en una residencia real), que presume de subyugar un partido que aunque se autoapellida Obrero y Español no se comporta como tal ya que el tal doctoroide se ha sometido a la influencia y órdenes de la sección oligárquica y burguesa de los naZionalismos, totalmente antiespañoles, entregándoles la solapada independencia de sus territorios.

Algunos malpensados se preguntan: esa hipotética descapitalización de Madrid ¿no tendrá la misma finalidad para algunos social-bolcheviques, que la que buscó el duque de Lerma?

Como ese autócrata no puede salir del palacio de la Moncloa sin que la gente le silbe acaso sea conveniente, tanto para él como para España, que la “entidad pública” que preside abandone la villa de Madrid, que se vaya a la belga ciudad de Waterloo y se quede allí hasta que haya otro presidente del gobierno del reino de España más equilibrado y menos sectario.

Y si va con él un valenciano que por la pronunciación de las cadenas de televisión parece llamarse Chimo Puchi, o algo así, puede que le den una gran alegría a otro Puchi, el ¿Puchimon?, que ya lleva en esa ciudad un largo tiempo haciendo el tonto y viviendo como un president catalá.

También cabe preguntarse si el presidente Sánchez es una reencarnación de Abderramán, un hijo de Almanzor a quien por su parecido con su abuelo Sancho Garcés II de Pamplona se le llamó Sanchuelo.

El tal Sanchuelo ejerció como califa, sin serlo, y puso las bases para que el califato de Córdoba se rompiese poco después en treinta y alguna autonomías llamadas por sus contemporáneos reinos de taifas.

El Sanchuelo de ahora, a quien acaso haya que llamar Sanchuelo II, ¿dejará como herencia una ruptura similar a la del primer Sanchuelo?

Juan Pozuelo