Las consecuencias de la anulación de la plusvalía para el Ayuntamiento de Madrid ya tienen cuantificación preliminar.

Según un primer estudio, el Consistorio estima que debe empezar a devolver hasta 383 millones de euros, lo cual abrirá un “importante agujero económico” en las arcas municipales, ha reprochado la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz.

Dicha cantidad se corresponde con los 17.000 expedientes afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional por la que este impuesto quedaba invalidado.

El Ejecutivo que preside José Luis Martínez-Almeida no solo deberá reintegrar este importe, sino que además calcula pérdidas por valor de 100 millones de euros por lo que dejará de ingresar en los meses de noviembre y diciembre ante la ausencia de ese marco legal.

Asimismo, desde Cibeles advierten de que perderán una recaudación de hasta 600 millones en el año 2022 por la suspensión de este tributo y la ausencia de alternativas ofrecida por la Administración central.

“Pedimos una solución urgente para poder tener garantías; el Gobierno sabía que esta situación se podía dar porque hay resoluciones previas”, ha remarcado Sanz.

La dirigente ‘popular’ ha incidido en que si el Gobierno de Pedro Sánchez no solventa esta cuestión en “horas o días” y espera hasta el mes de enero como ha avanzado “medianos y pequeños ayuntamientos van a tener muchísimos problemas para presentar sus Presupuestos”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda prevé aprobar la nueva plusvalía municipal en un Real Decreto-ley y que tenga carácter retroactivo. Pero eso no es nada fácil.

El Real Decreto-ley es la vía más rápida, admiten desde Hacienda, con lo que la norma estará en vigor desde su publicación en el BOE al día siguiente de su aprobación en Consejo de Ministros.

Sin embargo, esta fórmula hace saltar las alarmas de los juristas consultados, que recuerdan que la Ley General Tributaria establece que la creación de un impuesto o su modificación sustancial o de unos de sus aspectos fundamentales –el caso de la plusvalía, cuyo método de cálculo de la base imponible ha sido anulado, por lo que no se puede liquidar- requiere un proyecto de ley.

Es decir, auguran más problemas jurídicos con el impuesto en el futuro, incluso su posible anulación otra vez. En este sentido, la ministra ha hablado de “corregir”.

Además, precisamente el uso del Real Decreto-ley fue la causa de que el Tribunal Constitucional (TC) tumbara la amnistía fiscal y el aumento de los pagos fraccionados de Cristóbal Montoro. En este caso, además, sobre la urgencia, cabe recordar que el Ministerio de Hacienda no ha hecho nada para adaptar la plusvalía a la sentencia del TC que la declaró inconstitucional para cuando hay pérdidas de junio de 2017.

Dicho esto:

¿En cuánta pasta afecta a un Ayuntamiento en ruina como Pozuelo, qué decisiones tomará (porque no hay soluciones mágicas) y cuándo empezará a devolver?

Devolver y, además, no ingresar al año que viene… Tragedia a la vista…

Redacción