Los ataques del Gobierno de PSOE y Podemos que preside Pedro Sánchez a la justicia atentan contra los principios del Estado de derecho que fija la UE.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha recrudecido sus acometidas contra el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y ahora contra el Tribunal Constitucional, después de que la semana pasada declarase inconstitucional el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma.

La Comisión Europea en su recomendación 2017/1520 afirma que se deben tomar medidas para hacer frente a “la amenaza sistémica” contra el Estado de derecho.

La UE recomienda en concreto a las autoridades polacas, pero haciéndolo extensivo al resto de países miembros, “abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto”.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que “la recomendación de la UE se formula a partir de los estándares fijados por el Consejo de Europa”. “Inicialmente, iba dirigida al Gobierno de ultraderecha de Polonia, que hacía lo mismo que ahora el español. No obstante, aunque se lo digan a Polonia, el estándar es general y aplicable para toda la UE. Lo que sería una vergüenza es que se lo tuvieran que recordar a España”, añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que “los estándares fijados por las instituciones de la UE y del Consejo de Europa tienen por objetivo dar contenido a la exigencia de respeto al estado de derecho que impone el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Sin respetar ese principio, no es posible integrarse ni permanecer en la UE”.

“La recomendación es mucho más fuerte que un simple consejo. El artículo 2 del Tratado de la UE impone el principio de respeto al estado de derecho, pero no especifica en qué consiste. Por ello, se completa a través de los estándares que se fijan en las recomendaciones, que no son simples consejos”, concluyen.

Recordamos que tal y como desveló este diario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presionó personalmente con éxito al presidente conservador del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, para frenar la sentencia contra el estado de alarma. González Rivas votó en contra de la sentencia junto a los magistrados progresistas que lidera Cándido Conde-Pumpido.

Mientras, la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, intentó infructuosamente presionar a la vicepresidenta progresista del Alto Tribunal, Encarnación Roca, que votó a favor de la sentencia y denunció en las deliberaciones la llamada telefónica de Calvo.

El pasado miércoles tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, la ministra de Justicia y juez de carrera, Pilar Llop, indicó que “el Gobierno respeta pero no comparte la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas”.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló la necesidad del confinamiento domiciliario del primer estado de alarma, pues fue “la mejor vacuna por aquel entonces”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba que las medidas resultaron eficaces, ya que permitieron salvar vidas y rechazaba la posibilidad de haber decretado el estado de excepción.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también juez, acusó al TC de efectuar “elucubraciones doctrinales que no deberían plasmarse en las sentencias”.

Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, igualmente juez, señalaba que “se salvaron vidas, se evitaron contagios y era la medida adecuada y ni el Tribunal Constitucional en abril dudó de su necesidad”.

Desde la rama podemita del Gobierno, la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra apuntaba que no compartía la sentencia del Tribunal Constitucional y apuntaba que “son los jueces quienes están haciéndole la oposición al Gobierno”.

(Gentileza de Libertad Digital)