En el lugar donde la noche del miércoles volaron adoquines en una revuelta organizada para apoyar al rapero condenado a prisión Pablo Hasél, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso han exigido a Pedro Sánchez que destituya a Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno de la Nación.

«Le pido al presidente del Gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente, porque el Gobierno de este país no puede estar vicepresidido por semejante político», ha reclamado la líder del Gobierno regional.

«No deben estar en el gobierno quienes alientan o amparan a los que quieren dinamitar la convivencia», se ha sumado a continuación el regidor y portavoz nacional del PP, que considera que «en la democracia de Iglesias, Monedero y Hasél no cabemos todos».

El silencio por parte de Sánchez y de su ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska también ha sido censurado por la mandataria regional, que ha pedido al presidente del Gobierno que se manifieste, que diga algo al respecto, porque «dos días después de estos actos», que se han sucedido en Barcelona y en Madrid, no han condenado los hechos.

La situación vivida no se realizó, a juicio de Ayuso, «por la libertad de expresión», sino para «defender a un delincuente que va a entrar en prisión por ser reincidente, no por la libertad de expresión, no por desearle que le peguen dos tiros en la nuca a José Bono o le reviente el coche a Patxi López».

Para la presidenta lo más grave es que hay un vicepresidente «que pone en tela de juicio la democracia española y está siempre detrás de todos estos movimientos vandálicos violentos, que además se organizan a nivel internacional».

Para el alcalde, en los incidentes de anoche en la Puerta del Sol -que se saldaron con 19 detenidos y 55 heridos- se «emplearon tácticas de guerrilla urbana». «El grupo estaba coordinado, sabía lo que quería hacer. De hecho, hay más policías heridos que civiles», ha indicado, para asegurar que darán con los responsables de los hechos y les harán «pagar la factura de los daños» ocasionados a los comercios cercanos.