La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la Comunidad de Madrid llevará al Tribunal Constitucional la ley Celaá, aprobada ayer en Consejo de ministros, por la “situación gravísima” que supone esta norma al considerar que invade competencias autonómicas, vulnera cuatro artículos de la Constitución española y “destroza todavía más el sistema educativo con respecto a otros anteriores”.

Ayuso mostró su indignación por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez “se dedique de manera autoritaria a poner en marcha este proyecto de ley que es un escándalo, que no se ha consensuado y que arroja miedo a los padres que eligen la educación concertada o la educación especial”.

Es más, ha avisado de que “ante este secuestro, protegeremos la educación concertada”. La presidenta regional cree que la reforma educativa, que empieza ahora su tramitación parlamentaria, “es un ataque” a 360.000 familias que han elegido la educación subvencionada y emplea a 25.000 profesores en Madrid. “Sin ningún tipo de diálogo, con arrogancia y de manera autoritaria Pedro Sánchez pretende imponer su modelo por la puerta de atrás”, ha dicho Díaz Ayuso.

En una intervención para hablar exclusivamente de la reforma educativa que entierra la “ley Wert”, la presidenta regional se ha erigido en defensora de la enseñanza concertada “porque sin ella no se hubiera llegado a lo que es hoy la educación. “Empezaron por decir que los hijos no son de los padres y ahora los convierten en un bien estatal”, ha dicho.

La presidenta regional ha anunciado que recuperará las evaluaciones “para huir de la mediocridad y el retroceso que supone lo que propone el Gobierno”. Del mismo modo ha asegurado que el proyecto de ley invade competencias autonómicas porque “elimina la libertad educativa que ha procurado que, en Madrid, el 97,3% de las familias puedan elegir en primer lugar el colegio que quieren para sus hijos.

Díaz Ayuso ha asegurado que el proyecto, tal y como está presentado, vulnera cuatro artículos de la Constitución: ataca el derecho y deber de todos de conocer el castellano y el español, atenta contra la libertad religiosa y contra el derecho a la formación religiosa de acuerdo a las convicciones de los padres y admite que los alumnos pasen de curso e incluso tengan el título de Bachillerato con asignaturas suspensas, “luego esto ataca también la igualdad de oportunidades y los principios de mérito y capacidad con lo que la educación deja de ser un ascensor social igualando a la baja”.