El juicio contra la rebelión de dirigentes catalanes es una vista oral histórica para la democracia española.

Levantará el telón mañana martes ante la atenta mirada de toda España, pero también de Europa.

La acusación por rebelión

A nueve de los doce acusados la Fiscalía les atribuye el delito de rebelión, un atentado contra la Constitución que consiste en declarar la independencia de una parte de España a través de un alzamiento público y violento. La sentencia del Tribunal Supremo resolverá si se cometió este delito, si fue una sedición, o si no hubo ningún crimen en el «procés». Más allá de los años de cárcel, el concepto por el que se condene será decisivo para la calificación jurídica de unos hechos históricos, una crisis que fracturó en dos a la sociedad catalana y que aumentó la tensión política en toda España, con epicentro en los acontecimientos de 2017.

Con Junqueras, sin Puigdemont

Con la ausencia de Carles Puigdemont, el cabecilla de los doce acusados es Oriol Junqueras, que se enfrenta a la mayor petición de pena, de 25 años de cárcel. El Ministerio Público considera a Junqueras dirigente de la rebelión, junto a Forcadell, y «los Jordis». Los fugados están declarados en rebeldía.

Siete jueces del máximo nivel

Los siete magistrados que enjuiciarán los hechos pertenecen a la Sala Penal del Tribunal Supremo, la cumbre del sistema judicial español. Además del presidente Manuel Marchena, son Andrés Palomo, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela, Antonio del Moral y Ana Ferrer. Seis hombres y una mujer de la máxima talla y solvencia jurídica.

Cuatro fiscales ajenos a la presión

Los cuatro fiscales del caso –Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena– pertenecen a la categoría de fiscales de sala, la mayor de la carrera. Su prestigio y experiencia les han blindado y no se han dejado llevar por el ruido político o las preferencias del Gobierno de Pedro Sánchez, que eligió a su jefa, la fiscal general del Estado, María José Segarra. Han mantenido en todo momento la acusación por rebelión, en la que creen con firmeza los cuatro, por razones puramente jurídicas.

El debate de la violencia

El gran debate del juicio será la existencia o no de violencia en el «procés», un requisito para que exista el delito de rebelión. La Fiscalía lo ve claro y califica el plan ilegal como un «levantamiento salpicado de fuerza y violencia» para lograr los fines políticos fuera de la ley. Los acusados niegan todos los delitos y aseguran que cumplían un supuesto mandato de los votantes.

La purga en la Abogacía

La llegada de Sánchez a La Moncloa cambió las tesis de la Abogacía del Estado en la causa del «procés». En su escrito de acusación, la Abogacía –que depende del Ministerio de Justicia– descartó el delito de rebelión, por el que había pedido abrir juicio oral, y solo apreció sedición y malversación. Eso supone limitar el plan ilegal a una cuestión de orden público. Justicia purgó al abogado del Estado encargado del caso, que sí veía rebelión.

(Gentileza de ABC)