Nadie podrá negar que lo de la depuradora de Húmera es una vergüenza. El que a pesar de las denuncias de los vecinos y las sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo los vertidos asquerosos en el arroyo Antequina hayan estado produciéndose durante varios años no tiene ninguna explicación razonable. El que nueve concejales o exconcejales de tres equipos de gobierno municipal diferentes hayan tenido que hablar ante el SEPRONA a mí me confunde. ¿Tan pasotas, tan indolentes han sido, o son, nuestros gobernantes locales bajo las órdenes de tres alcaldes, a lo largo de tres períodos legislativos?

El hecho de que la fiscalía Provincial de Madrid solicitara el pasado 29 de enero que se citara como investigados a todos aquellos cargos públicos y funcionarios “responsables del continuado vertido contaminante” puede que sea el camino adecuado para averiguar quiénes son los auténticos responsables de esa grave y dolosa pasividad. Esa llamada no sólo a los políticos sino también a los funcionarios puede aclarar las cosas.

Porque cualquiera que conozca medianamente cómo funcionan las administraciones públicas sabe que ninguna autoridad, ningún concejal, puede ordenar la realización de una obra si antes no ha recibido el correspondiente informe firmado por un técnico.

La pregunta, pues, que se nos ocurre para aclarar de quien es la responsabilidad del mal funcionamiento de la depuradora se ciñe a: ¿dieron órdenes a los técnicos los nueve concejales investigados para que se les informase de las condiciones de funcionamiento de la citada depuradora y de las obras a realizar para su correcto funcionamiento?

Si no se dieron esas órdenes los responsables serán, son, los concejales. Si esas órdenes existieron y los técnicos municipales (algunos de los cuales no son modelo de diligencia) las dilataron o simplemente las ignoraron los responsables serán dichos técnicos. Mas, si las órdenes se dieron de forma verbal y los técnicos ahora dicen que nunca las recibieron cabe pensar que los concejales se la van a cargar.

Lo que no es admisible es que ningún periodista, ni ningún partido político se atribuya la condición de mal juez y sin tener pruebas de ningún tipo condene a unos o a otros. Ahora, por encima de todo y sin olvidar a los responsables de la negligencia lo que ahora hace falta es que la depuradora se arregle a la mayor brevedad posible.

En el párrafo anterior he dicho que algunos técnicos municipales no son modelo de diligencia. Puedo poner muchos ejemplos. Así a bote pronto se me ocurren varios.

Uno: en la plaza del padre Vallet se está construyendo un edificio; la licencia para construir tardó casi diez años en concederse (en Boadilla han tardado tres meses en concederle al constructor una licencia similar).

Dos: en la Costanilla del Olivar se levantó un edificio de viviendas hace dos años; se siguió al pie de la letra el proyecto aprobado por el ayuntamiento; éste aún no ha dado la cédula de habitabilidad (hace dos semanas había una señora quejándose ante la puerta del ayuntamiento).

Tres: en el barrio de la estación, donde estaban los talleres de la SEAT se ha querido instalar en centro comercial; no se le concede licencia; el propietario del local paga veinte un mil euros de IBI por un local que el ayuntamiento considera inservible.

Cuatro: casi todos los alcorques están en mal estado, sin árbol o con un sensible desnivel respecto a la acera, en los cuales se puede meter la pata (en sentido literal) sin querer y romperse la pierna; en ese caso el ayuntamiento tendría que indemnizar al herido; he visto a algún niño que iba en el monopatín darse un guarrazo en el alcorque; salió indemne porque debe ser verdad lo del ángel de la guarda.

Cinco: en el BOE del 6 de febrero de 2004 se prohibía la venta de adelfas por su elevada toxicidad. Han pasado más de diez años y los técnicos de parques y jardines de nuestro ayuntamiento aún no se han enterado: hace dos años, en una terraza alargada situada en la acera de los números impares de la calle Antonio Becerril se plantaron cien metros lineales de adelfas. Las soban y manosean los niños que de la mano de sus madres se suben a la pared cuando van o vuelven del colegio infantil que hay en las proximidades; nos consta que alguno ha tenido leves problemas de salud por ello.

Y lo dejamos ahí porque si nos ponemos a contar las cosas que están mal en nuestras calles tardaríamos mucho tiempo en acabar.

Claro que antes de callarnos podemos preguntar: ¿Y porque hay tantas cosas mal en nuestras calles?

Respuesta: no porque los políticos, los concejales, no hagan nada por arreglarlas, sino porque nadie les dice que están mal; tenemos el convencimiento de que nadie vigila nuestras calles.

En la ciudad de Barcelona hay una Guardia Urbana que se encarga de esa vigilancia. En la villa de Pozuelo de Alarcón no tenemos esa guardia, sino una Policía Municipal que parece estar para otra cosa ¿cuál?
Domingo Domené