Madrid capital tiene un serio problema con los grupos organizados que roban cartón y papel de los contenedores públicos (los llamados ‘cartoneros’). Los datos que maneja el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena así lo demuestran.

En apenas dos años (2016 y enero-septiembre de 2017) se han disparado las denuncias de la Policía Municipal y el número de investigados. El Gobierno local lo atribuye al “incremento de la actividad preventiva al reforzarse las unidades de distrito. Hay un repunte de los datos porque se está patrullando mucho más”. El número de actuaciones policiales, por ejemplo, ha pasado de las 33 que se realizaron en 2011 a las 524 de 2016 y las 378 que ya se han efectuado en los primeros nueve meses de 2017.

Aunque no hay datos oficiales del volumen de cartón y papel que se roba una vez depositado en la vía pública, las denuncias tramitadas por la Policía Municipal evidencian que la proliferación de grupos organizados es un hecho.

En 2011, solo hubo 11 denuncias, cifra que se disparó a 523 en 2016 y a 487 en lo que llevamos de 2017. En total, 1.006 en apenas dos años (casi el doble que las 571 tramitadas en los cinco años anteriores, entre 2011 y 2015).

En cuanto a las personas imputadas, el número se elevó a 68 en 2016 y 99 en lo que llevamos de 2017. Es decir, 167 frente a las 97 del periodo 2011-2015. Este año ya van 11 detenidos (siete en 2016), cuando en 2011 solo hubo uno.

Estos grupos organizados suelen actuar de noche y cuentan con vehículos donde cargar lo robado. En pequeños equipos de dos o tres. La Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos sanciona como falta grave “manipular o extraer los residuos propiedad pública de sus correspondientes recipientes normalizados”.

Las multas oscilan entre los 751 y los 1.500 euros, aunque la mayoría terminan por no cobrarse porque los infractores se declaran insolventes. Si los contenedores son dañados al intentar extraer su contenido, la multa puede incrementarse hasta los 3.000 euros. Además, al no ser esta una actividad delictiva tipificada en el Código Penal, el grado de reincidencia es muy alto.

Los robos perjudican económicamente tanto a las empresas adjudicatarias que recogen papel y cartón como a las arcas públicas. En primer lugar, el contratista sale perdiendo porque al recolectar menos cantidad de residuos, cobra menos por parte del ayuntamiento, ya que este le abona por tonelada recogida. Y el consistorio, al recoger menos, cobra a su vez menos de las empresas gestoras de residuos, que pagan por este residuo para procesarlo y luego venderlo.