Los restos de José María Ruiz Mateos han sido exhumados para realizarles una prueba de paternidad mediante el cotejo de su ADN con el de Adela Montes de Oca, quien dice ser hija suya, cumpliendo así una orden judicial.

Los restos han sido trasladados esta mañana desde el columbario de la iglesia Nuestra Señora de la O de Rota (Cádiz) al cementerio municipal, donde los forenses extraerán las muestras necesarias para practicar las pruebas de ADN, han informado a Efe fuentes municipales.

Miguel Torres, uno de los letrados de la familia denunciante y compañero de Teresa Bueyes, directora del procedimiento, ha afirmado que «esto se podría haber evitado si alguno de sus muchos hijos hubiera accedido someterse a una prueba de ADN», ha declarado asegurando que este «no es un momento agradable para ninguna de las partes».

Han sido dos médicos forenses las encargadas de extraer cuatro molares y restos del fémur del cuerpo del fallecido para enviarlas al instituto nacional de toxicología, donde se realizarán la prueba de ADN. De momento no se ha especificado cuándo se podrán conocer los resultados. «Eso depende de volumen de trabajo que tenga el Instituto de Toxicología», ha explicado Miguel Torres.

El juez Juan Ignacio Gonzalo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozuelo de Alarcón, ordenó la exhumación en un auto, accediendo así a la petición de la demandante de acuerdo con el criterio del fiscal y en contra del de los hijos del empresario. La prueba se hará garantizando la «integridad, respeto y memoria» del fallecido, según el auto del juez, que emplaza a la viuda y a los hijos a que manifiesten si desean asistir a la exhumación.

La familia de Ruiz Mateos considera que la exhumación y la prueba de paternidad son medidas desproporcionadas e ilegítimas, y argumenta que «si el fallecido no llegó a ejercitar en vida su derecho a negarse a dicha prueba por no ser requerido al efecto, no puede procederse ahora sin el consentimiento de la viuda y los hijos». Pero la cuestión es que el mismo juez ordenó en octubre de 2014, cuando aún vivía el empresario, la prueba de ADN, y lo hizo en un auto que no fue recurrido por ninguna de las partes.

Ruiz Mateos fue citado en tres ocasiones para la extracción de muestras y en ninguna de ellas se presentó ni ofreció explicación alguna. Posteriormente, pidió el sobreseimiento de la causa como consecuencia de «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables» que le impediría ir a juicio.

El empresario murió poco después, antes de la celebración de dicha vista, y el juez ordenó impedir la incineración de sus restos hasta que no terminara el actual procedimiento. Ruiz Mateos, que falleció en septiembre de 2015 a los 84 años, fue enterrado en el columbario que él mismo hizo construir en la iglesia Nuestra Señora de la O de Rota y en el que también están los restos de sus padres