El Ayuntamiento de Madrid envía las multas relacionadas con la ley de Seguridad Ciudadana a la Delegación de Gobierno con el fin de que sea el departamento dependiente del Ministerio del Interior quien las resuelva.

El Ayuntamiento de Madrid niega que queden impunes las sanciones y asegura que lo que ha trasmitido a la Delegación de Gobierno son una serie de incertidumbres ante el cambio de ley. «Había dudas competenciales y se está trabajando en adaptarse a la nueva norma. No hay ningún boicot a la Ley Mordaza», señalan. Con todo, Carmena ya mostró su oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana el año pasado. «No era necesaria y espero que dure lo menos posible», dijo. Además, el borrador del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento apuesta por revisar la Ley Mordaza.

La Delegación de Gobierno mantiene que en los últimos meses son más de un centenar las sanciones que les ha mandado el Ayuntamiento. En la Delegación tampoco se tramitan y se reenvían de nuevo al equipo de Carmena ya que el gabinete de Dancausa asegura que corresponde a los Ayuntamientos gestionar estas multas en aplicación del artículo 32.3 de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada el pasado 1 de junio de 2015.

Este viaje de ida y vuelta de las multas provoca que finalmente prescriban en muchos casos, según la Delegación. Una vez que el policía municipal castiga por la Ley de Seguridad Ciudadana a un infractor, corresponde al Ayuntamiento adoptar el acuerdo de inicio del castigo y dar traslado al denunciado que puede hacer alegaciones o no.