El Gobierno local de Pozuelo de Alarcón está a la deriva, sin rumbo ni destino, como se ha demostrado recientemente en el Pleno de septiembre. Consciente de su debilidad, la Alcaldesa Quislant ha tomado la callada por respuesta y rompe puentes con la ciudadanía.

Como botón de muestra valga el hecho que no hayan publicado las actas de la Junta de Gobierno Local desde hace semanas y corten cualquier iniciativa de participación ciudadana de raíz, en contra de la opinión y el voto del resto de los Grupos Municipales.

Vale que se escudan en que han estado de vacaciones todo el mes de agosto y que las fiestas del pueblo les ha comido toda la energía, pero no hay escusa que valga en un tema tan serio. No sólo es una obligación de los Ayuntamientos ser transparentes y participativos, sino que es un derecho de la Ciudadanía acceder a la información.

La oposición debe tomar nota en este y otros asuntos de gravedad, como es el hecho en los últimos años se hayan recaudado 62 millones de euros de más y se hayan gastado más de la mitad en adelantar el pago de la deuda y el resto en mantenimiento de inversiones fuera de los tiempos de control político presupuestario.

Los ciudadanos de Pozuelo están desamparados ante una gestión política y económica dramática y la verdad es que veo a lo oposición que enseña la patita pero no las uñas. Sinceramente veo suficientemente justificado que se pida un Pleno extraordinario para obligar al Gobierno a dar explicaciones, especialmente en el tema económico.

Julia Merino