El Ministerio de Fomento no se lo va a poner fácil al Ayuntamiento de Madrid con su desmán a la operación Chamartín fraguada años atrás. El Gobierno central envió ayer un requerimiento previo –trámite inicial para comenzar un proceso jurídico por la vía de lo contencioso-administrativo– al Consistorio para que apruebe definitivamente el plan que dejaron encauzado los gobiernos del Partido Popular en enero de 2015. Para ello, la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, insta en el documento a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, a declarar la nulidad del acuerdo plenario que alcanzaron Ahora Madrid y el PSOE el pasado 25 de mayo. Fue entonces cuando la Corporación enterró el Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) que había sido diseñado por BBVA y el Grupo San José (Distrito Castellana Norte) para el nuevo ámbito. Dieciséis días antes, el 9 mayo, la formación de la exjuez presentó su proyecto, de 16 páginas, de forma unilateral, del mismo modo que había decidido dinamitar el heredado.

Fomento pone en jaque a la Administración municipal con este movimiento. Le urge a que inicie las negociaciones con los firmantes del convenio urbanístico del 10 de noviembre de 2011 –Fomento, Comunidad, Ayuntamiento y promotores de Distrito Castellana Norte (BBVA y San José)– para avanzar sobre el plan pactado y no el nuevo que pretenden imponer. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, Carmena no acata las reclamaciones. Será entonces cuando el Ministerio acuda a los tribunales.

El 30 de enero de 2015, las tres Administraciones estatales desbloquearon la operación Chamartín que había sido aparcada por los años de recesión. La ministra de Fomento, Ana Pastor; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la alcaldesa madrileña, Ana Botella, y el presidente del BBVA, Francisco González, presentaron el proyecto rebautizado como «Distrito Castellana Norte». Cuenta a día de hoy con 45 informes sectoriales favorables que el gobierno de Ahora Madrid ha rechazado. Lo consideran un «pelotazo urbanístico».

El Ministerio pide al Ayuntamiento que anule el acuerdo Plenario, que inicie las negociaciones con las partes y que apruebe el proyecto de Distrito Castellana

Desde el Paseo de la Castellana, 67 acusan a Cibeles de haber tomado una decisión que jurídicamente puede calificarse de «desviación de poder». Además, aprecia en la actuación municipal «indicios de fraude de ley». «La renuncia unilateral a un convenio, además de atentar contra la buena fe negocial y el principio de los actos propios, es contraria al interés público y juega en perjuicio de terceros», recuerda el escrito.

El Ministerio advierte al Ayuntamiento, argumentando con una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fechada el 15 de diciembre de 2009, que, cuando las partes firmantes de un convenio son Administraciones Públicas, «no son libres de desistir o renunciar a sus supuestos derechos porque estos son, en realidad, intereses públicos. Y aún menos pueden hacerlo sin la previa notificación de tal posibilidad a los terceros interesados». Pastor reprocha al equipo regidor que todavía no conoce ni la renuncia objeto de ratificación del Pleno ni el escrito de la alcaldesa donde argumentaba los motivos para no seguir con el trámite del convenio.

Este mismo texto judicial indicaba que un mero «cambio político […] no puede, sin más, dejar sin efecto todo lo técnica y procedimentalmente desarrollado en el ejercicio de una potestad administrativa siquiera sea discrecional». El 19 de mayo de 2015, la web municipal publicaba: «En este instante, solo queda un trámite: que se apruebe por el Pleno el PPRI que ordena el ámbito. El actual Gobierno municipal entiende que debe ser la siguiente Corporación quien culmine este trámite, siempre que lo considere oportuno».

Recurre Pastor a otra sentencia judicial del 31 de diciembre de 2012 del Supremo donde dictamina que los convenios urbanísticos «vinculan a las partes sin que pueda dejarse su cumplimiento al arbitrio de cualquiera de ellas».

En el requerimiento, retoma la amenaza de que Adif y Renfe pidan daños y perjuicios por las inversiones realizadas –700 millones de euros–, según lo conveniado en 2011. Después serían resarcidos con los recursos obtenidos de la operación. Adif, el mayor propietario del suelo del ámbito, esperaba obtener un beneficio de cerca de 1.300 millones de euros por la venta de 1,9 millones de metros cuadrados.