El grupo municipal popular en Madrid que dirige Esperanza Aguirre ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial tres presentaciones y una campaña que ha llevado a cabo el partido de Manuela Carmena esta semana. El PP consideraba que eran «electoralistas», y llevaba razón. El órgano instó ayer al Ayuntamiento capitalino a la retirada en bloque de su campaña y las noticias de sus actos por ser contrarias a la Ley de Régimen Electoral General (Loreg). Se refería la entidad provincial al anuncio de una rebaja del IBI; un plan de ayudas a emprendedores; otro programa de subvenciones para rehabilitación de edificios, y el proyecto final de la operación Mahou-Calderón. De no hacerlo, acarrearía la incoacción del correspondiente expediente sancionador (de 300 a 3.000 euros, según establece la Loreg). En respuesta, el partido de Manuela Carmena informó de que frenaba su agenda de presentaciones, aunque continuaba con la actividad municipal.

La primera que tuvo que anular ayer fue la del proyecto urbanístico Mahou-Calderón, para la que habían convocado una rueda de prensa con los propietarios del suelo en el Palacio de Cibeles, incluido el presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo. Lo que obviaron cuando dieron traslado de la cancelación es que se debía a una orden de la Junta Electoral. «No lo sabíamos», aseguraron.

El primer anuncio polémico que encendió la mecha y llevó al PP a recurrir a la Junta Electoral fue la rebaja del IBI en 22 barrios del sur de Madrid –todos ellos donde ganó Ahora Madrid en las elecciones de mayo de 2015– desde 2017 a 2021. El delegado de Economía yHacienda, Carlos Sánchez Mato, convocó a los medios el lunes para dar traslado de esta iniciativa, dependiente de la Dirección General del Catastro, es decir, el Ministerio de Hacienda, sin haber sido aprobado por el Gobierno central.

Al día siguiente, el martes, la propia alcaldesa, junto al concejal del urbanismo de la ciudad, José Manuel Calvo, volvieron a colocar un titular con su plan Madrid Recupera: 16 millones de euros para rehabilitar los barrios y edificios más desfavorecidos. Carmena negó entonces que estuvieran contribuyendo a la campaña de Podemos; todo ello pese al posicionamiento de nueve de sus 19 concejales pidiendo el voto para la formación de Pablo Iglesias y el propio Ahora Madrid haciendo campaña desde su web y sus cuentas oficiales en redes sociales. «Estamos trabajando y no somos conscientes. No ha habido ningún interés en absoluto de tener una inferencia electoral, porque no estamos en ninguna campaña electoral, no estamos en ninguna contienda electoral», pronunció ante las críticas que había recibido de su aliada de gobierno, la portavoz municipal socialista, Purificación Causapié. Esta semana también, apareció una campaña de apoyo al emprendimiento en 115 marquesinas de autobuses, que ahora tendrán que retirar por orden expresa de la Junta Electoral.

La portavoz del PP en Madrid, Aguirre, mostró su satisfacción por el logro: «Las presentaciones, que con dinero público estaba haciendo Ahora Madrid, se oponían frontalmente a la ley electoral». El resto de la oposición, PSOE y C’s, criticaron el uso «electoralista» que el partido de gobierno estaba haciendo con la revisión catastral, una iniciativa aprobada en Pleno. Pero ellos no acudieron a la Junta Electoral.

La Junta Electoral también ha obligado a los ayuntamientos de Pinto (Ganemos Pinto y PSOE), Fuenlabrada (PSOE) y Aranjuez (PSOE) a retirar campañas que vulneran la ley Electoral. Tienen que eliminar de las webs municipales contenidos con fines electoralistas. A su vez, según informó el PP de Madrid, los socialistas y Podemos-IU deben quitar propaganda electoral de marquesinas y espacios públicos no autorizados. También se analiza esta actuación en Leganés por la formación morada.