Madrid cuenta con unas 5.000 viviendas “okupadas”, de las cuales cerca de mil están controladas por mafias. Estas organizaciones, muy violentas, se concentran fundamentalmente en ocho distritos, con un papel destacado de Villaverde, Carabanchel y Vallecas. Como ha informado ABC, se apropian de los pisos a la fuerza y, después, llegan a cobrar hasta 200 o 300 euros a familias necesitadas.

Las técnicas de “okupación”, en la mayoría de los casos, siguen un patrón determinado, tanto en el momento de colarse como en su vida posterior, siempre conflictiva: peleas de gallos y de perros, barbacoas en el patio, robos y quema de coches… Así, el procedimiento habitual de estas redes de usurpación es el cambio de cerradura. En numerosas ocasiones se trata de inmuebles del Ivima vacíos, vendidos a fondos buitre. El método es sencillo: patada en la puerta y cambio inmediato de esta.

El siguiente paso, una vez dentro, se refiere al suministro. Si el inquilino lo desea, se realizan enganches ilegales de agua, luz o gas a cambio de otros 50 o 60 euros. Además de este arrendamiento irregular, también se producen ventas de los pisos por cantidades que rondan los 2.000 y los 3.000 euros.

La arraigada operatividad de estas mafias, con la sucesión de delitos que supone, se ha convertido en un asunto capital. Tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Madrid manifestaron esta semana la urgencia de tratar este tema. Ambas administraciones coinciden en la necesidad de crear un censo para conocer con exactitud el alcance del problema y determinar el número de pisos “okupados” por estas bandas. También en la necesidad de acudir a la acción policial. En ese sentido, se ha nombrado al inspector jefe Sergio Gámez Hortal nuevo coordinador de seguimiento de las viviendas ocupadas, cuya labor se centrará exclusivamente en tratar de atajar este problema.