En los últimos meses, coincidiendo con el cambio de gobierno municipal, la circulación en las calles y carreteras de Madrid ha experimentado un claro deterioro. Además del coste social y medioambiental que se deriva de los grandes atascos, esta falta de fluidez en la circulación también se traduce en un importante coste económico.

De acuerdo con los estudios realizados por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), la falta de fluidez en la circulación supone un golpe anual de 839 millones de euros. Esta cifra se traduce en un coste económico de 2,3 millones de euros diarios.

El gobierno de Ahora Madrid ha señalado que las restricciones al tráfico podrían incrementarse, lo que podría llevar a un escenario en el que el transporte público funcione de manera gratuita para los usuarios. En este caso, se activaría un protocolo con millonarios costes para los contribuyentes.

Así, según ha calculado el Consorcio de Transportes, la gratuidad supondría un coste de cuatro millones de euros para el erario público: la mitad por el despliegue y el funcionamiento y la otra mitad por la devolución de la jornada a los titulares del abono transporte.

La patronal madrileña, CEIM, ya ha advertido del “impacto muy negativo en la actividad de comerciantes y autónomos” que tienen las medidas aprobadas por el gobierno de Ahora Madrid. Los empresarios destacan que “en el sector hay peocupación y se constata un importante golpe a los negocios”.

Los comerciantes de Madrid se han pronunciado en la misma línea. Según COCEM, el consistorio “se ha precipitado” y está “generando confusión” en una época clave, a escasas semanas de la campaña de Navidad.

A esto se suman las dudas que tiene el servicio jurídico especializado en tráfico y transporte DVuelta: apelando a la Ordenanza de Movilidad, el despacho ha señalado que las restricciones al tráfico no son legales, pues no se han señalizado de la forma adecuada y tampoco se han publicado en el BOE autonómico.