Al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid apenas le quedan unas pocas semanas de vida. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que pone fin a este órgano, donde se sientan los expresidentes Joaquín Leguina, del PSOE, y Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, del PP. Como miembros natos del Consejo tenían derecho a un sueldo vitalicio de 100.560 euros anuales, es decir, 5.525 euros netos al mes.

Cifuentes da así otro paso más para cumplir con lo prometido. En el acuerdo de investidura con Ciudadanos, estos le pidieron despolitizar el organismo, pero finalmente la líder del PP ha optado por extinguirlo. El ahorro estimado, según la propia presidenta, es de 2,3 millones de euros. El coste real en 2014 del Consejo fue de 3,5 millones de euros, casi un millón en los salarios de los once altos cargos que se sientan en el órgano.

El anteproyecto de ley que pone fin al Consejo Consultivo será remitido a la Asamblea de Madrid, donde se aprobará en procedimiento abreviado y con la anuencia de todos los grupos políticos. Cifuentes quiere pactar con todos ellos un nuevo estatuto para considerar y reconocer a los expresidentes de la Comunidad, lo que podría incluir algún tipo de remuneración o facilidades como despacho y secretaria, tal y como se dispone en otras regiones de España. «El futuro de los expresidentes es algo que tenemos que abordar», ha apostillado la mandataria.

Cifuentes recibió en julio a Joaquín Leguina, al que explicó personalmente su plan con respecto al Consejo Consultivo. El expresidente socialista ha sido muy crítico con la decisión de eliminar este órgano, que no comparte. Ni Alberto Ruiz Gallardón ni Ignacio González, que ingresó ese mismo mes como nuevo consejero, acudieron a la Puerta del Sol.