El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que en pocos meses desaparecerá, recibió 568 consultas en 2014, lo que significó un 16,72 por ciento menos respecto a 2013, según la memoria anual de 2014 de dicho organismo.

Destaca la disminución en 73 expedientes de los procedentes de las consejerías, fundamentalmente la de Sanidad, que remitió 61 expedientes menos (21,70 por ciento). Estos datos ejemplifican una tendencia decreciente de las solicitudes en los últimos siete años.

Este organismo es un cuerpo consultivo para el Gobierno regional y toda la Administración autonómica, así como para los ayuntamientos, las universidades y demás entidades de derecho público de la Comunidad.

Su misión es emitir dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación, revisión de actos administrativos o proyectos de reglamentos, o sobre cualquier otro asunto de “trascendencia o repercusión” sobre el que el presidente o el Consejo de Gobierno le consulten.

Sobre el contenido de los dictámenes y acuerdos emitidos en 2014 destaca el peso de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, con un 83,96 por ciento (492) sobre el conjunto total. De ellas, 210 corresponden al ámbito sanitario y 198 al ámbito vial.

Además, también ha habido acuerdos sobre la contratación administrativa (37), sobre la revisión de actos administrativos (35) y sobre proyectos de reglamento ejecutivo (22).

Respecto a la procedencia de expedientes, 295 lo hicieron de las Consejerías, donde el mayor número de los mismos procedían de Sanidad, con 220. Destacaron de igual modo la consejería de Educación, Juventud y Deporte, con 32 expedientes y la de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, con 19.

En segundo lugar, los ayuntamientos fueron los organismos que más expedientes enviaron, con 269. Destacan Madrid, con 183; Coslada, con 11 y Villaconejos, con 8. Por último, había expedientes procedentes de otros organismos, como la Universidad Complutense (3) o la Universidad Rey Juan Carlos (1).

Este organismo tiene ya los días contados. Ciudadanos pidió a Cristina Cifuentes “despolitizar” el Consejo Consultivo como condición para apoyarla en su investidura como presidenta regional. Por su parte, Cifuentes veía “innecesario” tener por duplicado ese organismo en las autonomías y anunció que sería suprimido si llegaba a la presidencia regional.

Así, el 16 de julio el Ejecutivo autonómico dio luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley para eliminar el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. En el mismo están actualmente tres expresidentes regionales: Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González.

El Consejo Consultivo, por todos los conceptos, supuso en 2014 un coste de 3.567.708,21 euros para la hacienda autonómica, lo que implicó 703.045,79 euros menos de lo que figuraba en su presupuesto inicial, aprobado por la Asamblea de Madrid.

A lo largo de los últimos siete años, desde su constitución, los presupuestos del Consejo Consultivo han sido decrecientes hasta el punto de que, desde el año 2009 hasta el actual, han disminuido en 1.535.119 euros.

A 31 de diciembre de 2014, el Consejo, organizado en secciones, estaba compuesto por 10 altos cargos: el Presidente, dos consejeros permanentes, seis consejeros electivos y el secretario general. Con respecto a 2013 se redujeron dos altos cargos.

Hasta ahora, el presidente del Consejo Consultivo era Ignacio Astarloa. Había dos consejeros permanentes, Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón (en julio se incorporó González), así como cuatro consejeros electivos y un secretario general. También contaba con una comisión permanente. Los consejeros están asistidos por seis letrados.

Son consejeros permanentes los presidentes de la Comunidad de Madrid. Cualquiera que haya ostentado el cargo puede solicitar su incorporación al organismo, previa declaración de no estar en alguna causa de incompatibilidad.

Durante el año 2014 se produjeron, sin contar altos cargos, 10 bajas en el Consejo: el Jefe de Gabinete del Presidente, el Jefe de Estudios y Programas, seis secretarias de altos cargos y un funcionario auxiliar que obtuvo otro destino administrativo.