La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se ha convertido en instrumento del Gobierno bananero de Sánchez.

El Ejecutivo ha conseguido sacar adelante, en ella, uno de sus dos decretos de vivienda, aprobado por segunda vez en Consejo de Ministros al día siguiente de la convocatoria electoral.

A diferencia de lo ocurrido en el anterior intento parlamentario en el Pleno de la Cámara, esta vez sí ha logrado los apoyos necesarios con 35 votos a favor y 34 votos en contra gracias al cambio de mayorías y sin tener que recurrir a los votos de los diputados de Carles Puigdemont.

La maniobra sanchista ha sido duramente cuestionada por el Partido Popular, que le ha acusado de haber “buscado atajos” justo antes del arranque de la campaña electoral.

Los populares también han criticado que los ministros hayan intervenido con “un discurso como si no llevasen ocho años en el Gobierno”, en referencia a los reproches que el Ejecutivo ha dirigido a la oposición por la situación de la vivienda.

Desde el principio, el Gobierno sabía que de los dos decretos que pretendía sacar adelante solo tenía garantizado el respaldo de uno.
El relativo a la prórroga de los alquileres indefinidos ha naufragado por el voto en contra del PNV con 34 votos a favor y 35 votos en contra.
El otro, sin embargo, ha salido adelante en una jornada en la que el Ejecutivo ha aprovechado para reivindicar su gestión, precisamente un día después de la huelga general.

El ministro Pablo Bustinduy ha agradecido a las personas que permanecieron acampadas durante 38 días en la Puerta del Sol para reclamar una “vivienda digna”, así como a quienes salieron este miércoles a las calles, asegurando que “han dado un ejemplo y una lección al mundo entero”.
Un discurso de celebración que contrasta con una realidad incómoda para el Ejecutivo porque después de ocho años en el poder, el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas de los españoles.

El Gobierno sanchista ha vuelto a sacar pecho de su gestión en materia de vivienda y ha descargado sobre los partidos de la oposición la responsabilidad del bloqueo parlamentario. “Estos decretos van de la vida de Maricarmen”, ha afirmado el diputado socialista Javier Alfonso Cerdón, que ha recurrido incluso a la historia de una fallecida para defender la iniciativa del Ejecutivo y convertir el debate en un nuevo argumento de campaña.

El Partido Popular ha cargado contra lo que ha calificado de Gobierno “bananero”, al que ha acusado de haber “destrozado” el país y de tomar a los españoles por “idiotas”.
“Ha prometido vivienda y ha hecho toneladas de demagogia”, ha denunciado el diputado Sergio Sayas, que también ha censurado “la incompetencia” del Ejecutivo.
“Aquí estamos, en una performance antidemocrática y ayer en una huelga hipócrita”, ha sentenciado, acusando al Gobierno de “enmascarar” a los responsables de que la vivienda se haya convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

En la misma línea, el diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha pedido a la ministra Rodríguez “ahorrarse la moralina” y ha arremetido contra sus “políticas equivocadas”.
“Ha sido la peor ministra de la democracia”, le ha espetado, antes de calificar su gestión como “un fracaso” y le ha invitado a “hacer un Puente” y dimitir.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Diputación Permanente, José María Figaredo, ha responsabilizado al Ejecutivo de haber favorecido “que se lucren los fondos buitre” y de haber contribuido a generar la escasez de vivienda que sufre España.

Además, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha pedido excluir los decretos de vivienda derogados en el Pleno denunciando un “fraude constitucional”, un reclamo que ha respondido la presidenta de la Cámara, Francina Armengol diciendo que “nosotros seguimos las reglas del juego” que marca la Constitución rechazando el escrito de Vox.

El debate también ha servido para trasladar al Parlamento la batalla entre los socios independentistas.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha aprovechado la negativa de Junts a respaldar el segundo decreto para cargar contra los diputados de Carles Puigdemont y asegurar que merece “una investigación periodística” que dos diputadas de la formación tengan empresas que se lucran con la vivienda.

Un ataque que, sin embargo, no ha extendido al PSOE, pese a la polémica que obligó a dimitir a la exportavoz nacional socialista Montse Mínguez por las informaciones sobre las 30 viviendas de su pareja.