El programa del Partido Popular plantea una reforma de la Ley del Indulto para impedir que el derecho de gracia se utilice como instrumento de negociación política para formar o mantener un Gobierno. La propuesta, liderada por Alberto Núñez Feijóo, incluye también la prohibición de conceder indultos a condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial, el orden constitucional y delitos graves contra menores.

El documento recoge un compromiso expreso de derogar la Ley de Amnistía y establecer nuevas condiciones para la concesión de medidas de gracia. El objetivo declarado por el PP es introducir criterios objetivos y transparentes que impidan utilizar el indulto como contraprestación política en acuerdos parlamentarios.

El texto del programa establecerá de forma expresa que la impunidad no será moneda de cambio para gobernar. A partir de esta premisa, la formación propone modificar el marco legal para impedir que el derecho de gracia pueda emplearse como herramienta para conseguir apoyos políticos o garantizar la continuidad de un Ejecutivo.

La reforma contempla la aprobación de una nueva Ley del Indulto que delimite los supuestos en los que podrá aplicarse esta medida. Entre las exclusiones figuran los condenados por corrupción y terrorismo, así como quienes hayan cometido delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional. La prohibición se extendería igualmente a los responsables de delitos graves contra menores.

Principales medidas de regeneración

1. Derogar la Ley de Amnistía y prohibir que el indulto se utilice como moneda de cambio político para formar o mantener un Gobierno.
2. Aprobar una nueva Ley del Indulto, con criterios objetivos y transparentes.
3. Prohibir los indultos a condenados por:

Corrupción.
Terrorismo.
Delitos contra la integridad territorial.
Delitos contra el orden constitucional.
Delitos graves contra menores.

5. Reformar el suplicatorio para evitar que se convierta en un instrumento de impunidad o protección frente a la Justicia.
6. Reducir el alcance de los aforamientos, corrigiendo su extensión excesiva y limitándolos a los supuestos justificados conforme a la Constitución y los estándares europeos.

El programa vincula esta modificación con la derogación de la Ley de Amnistía y con el compromiso de evitar que las decisiones relacionadas con la aplicación del derecho de gracia formen parte de negociaciones para constituir mayorías parlamentarias.

Reforma del suplicatorio

El segundo eje de las medidas anunciadas afecta al suplicatorio, el procedimiento parlamentario que permite la autorización para proceder judicialmente contra miembros de las cámaras legislativas. El PP plantea reformarlo para evitar que pueda convertirse en un mecanismo que impida o dificulte la actuación de la Justicia. El programa recoge expresamente el compromiso de evitar que el suplicatorio pueda convertirse en un instrumento de impunidad ante la Justicia.

La propuesta se dirige así a modificar el funcionamiento de esta figura parlamentaria, con la intención de impedir que su aplicación pueda utilizarse como una protección frente a eventuales procedimientos judiciales. El documento incluye esta reforma dentro de un conjunto de cambios orientados a revisar determinadas prerrogativas vinculadas al ejercicio de cargos públicos y a su relación con la Administración de Justicia.

Reducir el alcance de los aforamientos

El tercer apartado de la iniciativa se centra en los aforamientos, una figura jurídica que establece un régimen especial de competencia judicial para determinadas autoridades y cargos públicos. El programa del PP considera que su extensión actual es excesiva y plantea una revisión para limitar su alcance. La formación propone recuperar una concepción más restringida de esta prerrogativa, vinculada a su justificación constitucional y a los estándares europeos. El PP corregirá la extensión excesiva de los aforamientos para devolverlos a una concepción limitada y justificada, conforme a la Constitución y a los estándares europeos.

La iniciativa plantea, por tanto, revisar tanto el alcance de los cargos protegidos por este régimen como su justificación, con el propósito declarado de evitar que una prerrogativa institucional se extienda más allá de los supuestos que considera necesarios. Las tres medidas —la reforma del indulto, la modificación del suplicatorio y la revisión de los aforamientos— forman parte de un mismo bloque del programa político del PP dedicado a las garantías institucionales y a la relación entre los responsables públicos y la Justicia.