El ministerio de Sanidad ha decidido reactivar su batalla con la Comunidad de Madrid a propósito de la creación de la lista de objetores al aborto. Mónica García ha pedido a la Abogacía del Estado que lleve a cabo “todas las medidas que sean oportunas para obligar a Madrid” a crear este registro de médicos objetores de conciencia que el gobierno regional se niega a llevar a cabo por considerarla una “lista negra” de médicos.

En concreto, la ministra ha lamentado que la Comunidad de Madrid no haya avanzado “más allá de comenzar los trámites iniciales de la creación del registro”, lo que confirma que la posición de Madrid es la misma que hace unos meses: el inicio de los trámites se produjo por mandato del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instó al gobierno regional a iniciarlos, aunque sin exigirle la creación de dicha lista de objetores. De este modo, el gobierno regional se ha limitado a aceptar el mandato judicial, poniendo los medios para crear la lista, pero sin llevarla a cabo.

El objetivo que persigue Mónica García es que las mujeres puedan abortar en la sanidad pública madrileña, alegando que el 99,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo se producen en clínicas privadas. “En la Comunidad de Madrid se cumple la ley el aborto es libre y está garantizado”, sostienen fuentes de la Consejería de Sanidad madrileña, apuntando que las derivaciones a estas clínicas están cubiertas por la Seguridad Social y que, por tanto, no cuestan un solo euro a los madrileños.

De este modo, el posicionamiento de la Comunidad de Madrid respecto a la creación de esta lista de objetores se mantiene pese a la presiones de una ministra de Sanidad que quiere mantener el asunto en primera plana. Fuentes consultadas del gobierno regional apuntan que con este movimiento, Mónica García busca lanzar una bomba de humo para evitar hablar de la huelga indefinida que los médicos comenzarán el próximo 28 de octubre para protestar contra el Estatuto Marco.

Sin abortos en Melilla tres años después

Desde la Comunidad de Madrid también sostienen que con la lista de objetores, Mónica García busca tapar que no ha conseguido que las mujeres melillenses puedan abortar sin tener que volar hasta la península, aunque es cierto que Sanidad ha logrado que se practiquen los primeros abortos en Ceuta. En concreto, el Ministerio de Sanidad adjudicó dos contratos con un valor superior a los 100.000 euros para que las mujeres pudieran hacerlo en clínicas concertadas en Málaga.

En concreto, las mujeres de la ciudad autónomas, cuya sanidad depende directamente del ministerio, tienen que ser enviadas a Andalucía para poder ejercer su derecho. El motivo por el que estas mujeres tienen que trasladarse a la península es que todos los ginecólogos de los hospitales públicos de Ceuta y Melilla son objetores de conciencia y porque tampoco hay ninguna clínica privada en dichas ciudades que practique el aborto.

“Después de comunicárselo a su ginecólogo, este tramita sus evacuaciones a un centro privado de Andalucía concertado con el Ingesa, donde finalmente abortan”, explicó hace meses a Vozpópuli el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta y del Sindicato Médico de la Ciudad Autónoma, José Enrique Roviralta, que denuncia que desde el Ingesa, no se han pronunciado al respecto, “no nos consta que hayan planeado una alternativa al modelo actual”, añade.