No hay semana que no llegue a la redacción de El Correo de Pozuelo una prueba más del desastre político-administrativo del Ayuntamiento del Gran Pozuelo de Alarcón…

Su decadencia es el pan nuestro de cada…
Estas forasteras que nos gobiernan y sus “mandaos” vinieron a medrar en sus carreras políticas y lo demás les trae sin cuidado…

“Coñazos de vecinos…”
(Aunque paguen sus sueldazos)

Algunas de esas pruebas del desastre no necesitan adjetivos ni grandes alardes retóricos para helar la sangre de cualquiera que crea en el Estado de derecho y en la protección que debe dar el Ayuntamiento a sus vecinos.
Y basta con exponer los hechos con la fría precisión con la que un vecino de Pozuelo de Alarcón lleva sufriendo, desde 2023, la inacción imperdonable de este Gobierno que solo quiere recaudar dinero.

Su delito es vivir justo encima de un café-bar que cocina de forma continuada y sin contar con la licencia requerida ni disponer de la obligatoria salida de humos.
El resultado es una vida insoportable llena de olores inaguantables invadiendo el rellano y colándose a diario en su propia vivienda.

Pero lo verdaderamente alarmante de esta situación no es solo la infracción continuada del establecimiento, sino el preocupante reflejo del desgobierno que arrastra el Consistorio.

La responsabilidad última recae sobre la alcaldesa Paloma Tejero, máxima garante del cumplimiento de la legalidad en la Villa pero que no parece que le importe.

Esta grave negligencia con los vecinos no es más que el resultado directo del caos orgánico que vive el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con un Ejecutivo municipal en manos de tres forasteras y en un montón de Directores Generales, cuya gestión está en manos de un Jefe de Gabinete, Jorge Navas, centrado en “otros asuntos” relacionados con la mordaza de la prensa, y de un Coordinador General, Juan Téllez, completamente sobrepasado por la realidad del día a día municipal.
Mientras, la alcaldesa Tejero va a lo suyo (en este momento, festero).

Y no me estoy refiriendo a un conflicto donde la administración aún deba investigar los hechos, no.
El Ayuntamiento ya le ha dado la razón al afectado por escrito y ha constatado la ilegalidad de forma reiterada.

Es más, en marzo de 2024, el Consistorio dictó una orden firme para clausurar los equipos de cocina no licenciados.
Dos años y medio después, la orden sigue durmiendo el sueño de los justos en algún cajón sin que nadie la haya ejecutado.
Los propios servicios municipales han vuelto a pillarlos ‘in fraganti’. Sanidad lo constató en junio de 2025 y la Policía Municipal en octubre de ese mismo año.
En junio de 2026 se abrió un expediente sancionador con una propuesta de multa de 60.000 euros que, casi tres meses más tarde, continúa sin resolverse.

En cualquier caso, una sanción económica que no resuelve la raíz del problema ni impide que el local siga cocinando. La Ley 17/1997 contempla la suspensión de la actividad o la clausura temporal ante un riesgo evidente para la salud pública.

Y, además, el afectado no pide el cierre del bar, sino que deje de cocinar lo que no permite su licencia.

Por lo tanto, corresponde preguntar directamente a la alcaldesa Tejero:

¿Por qué una orden firme de clausura de 2024 sigue sin ejecutarse y por qué se rehúsa suspender una actividad ilegal que atenta contra la salud de los vecinos?

Quiero pensar que se debe al caos que reina el Ayuntamiento o a la ineptitud de sus “encargados” porque, si esta negligencia se debe a otros intereses, estaríamos hablando de otra cosa mucho peor que recoge el Código Penal…

Cómo se nota que a esta “tropa forastera” le importa tres carajos todo lo que se refiere a los vecinos ya sea individual por culpa de estos humos, por ejemplo, o colectivamente como es el tema de los ruidos…

Al final, ellos se van a sus casas y a otra cosa, mariposa.
Y al que le pese que se joda…
Ellos cobran todos los meses.

Juan Manuel Sánchez
(Foto creada por IA)