La Comunidad de Madrid ejercerá la acusación popular tras el incendio de Lozoyuela contra el principal sospechoso de haberlo provocado, un español de 52 años con antecedentes en delitos similares en Andalucía. Lo hará gracias a una modificación legal que aprobó en Consejo de Gobierno el pasado marzo y que llevó a la Asamblea de Madrid en abril para habilitar al gobierno regional a ejercer la acusación popular en delitos contra el patrimonio natural, cultural y también en eventos.

Una ley ‘ad hoc’ para disuadir futuros boicots como el que se produjo en La Vuelta 2025 y que también nació para presionar a los pirómanos que actúen en la región. Ahora, tres meses después de su puesta en vigor, se estrenará con el presunto autor de este fuego pese a que Moncloa ya ha comunicado su intención de llevar este cambio legislativo ante el Tribunal Constitucional para tumbarlo, ya que considera que es inconstitucional por invadir las competencias del Gobierno central.

Lo del Gobierno no es una amenaza, sino una realidad: el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la interposición del recurso al considerar que la norma “compromete la igualdad procesal” y también “altera la unidad del sistema penal”, ya que la norma permitiría ejercer la acusación popular sin que haya una víctima “concreta e identificable”, algo que va, según el criterio de Moncloa, contra la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pese al proceso iniciado desde el Gobierno central, la Comunidad de Madrid utilizará su cambio normativo para garantizar que el presunto pirómano, en caso de resultar culpable, cumpla máxima pena posible. Una situación que el Tribunal Constitucional podría detener de inmediato, puesto que el recurso ha solicitado medidas cautelares para impedir que Sol pueda personarse en alguna causa mientras la Justicia toma una decisión.

De este modo, el Gobierno regional pretende actuar como un contrapeso del Ministerio Fiscal con el propósito de velar por que se haga justicia. Una forma de personarse para solicitar un aumento de las penas que, ante la sorpresa del gobierno regional, no gusta en el Palacio de la Moncloa. De hecho, la norma salió adelante a través de una lectura única y con el voto en contra de PSOE, Más Madrid y Vox.

La aplicación de esta reforma se produce, por tanto, en un momento en el que Moncloa pretende acabar con ella. La Comunidad, con el incendio, ahora puede demostrar que la norma no es una respuesta puntual a un conflicto político, sino una herramienta para defender los intereses de los madrileños ante delitos que afectan al conjunto de la sociedad. En el caso de los incendios forestales, el daño no se limita a una propiedad concreta: las llamas pueden arrasar espacios naturales, poner en riesgo a la población y obligar a movilizar importantes recursos públicos.

La batalla jurídica determinará ahora si Madrid puede mantener este papel en los procedimientos penales. Mientras tanto, el Ejecutivo regional prepara su personación en la causa de Lozoyuela, a la espera de que los tribunales decidan si el sospechoso es finalmente responsable del incendio. La Comunidad busca así que la reforma tenga una primera aplicación práctica, aunque su futuro dependerá en buena medida de la decisión del Constitucional sobre el recurso presentado por el Gobierno, que cuenta con el respaldo del Consejo de Estado.