El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha solicitado por carta el Gobierno central una auditaría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas.

En concreto, la carta está dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y en ella Novillo advierte de la “creciente preocupación” del Ejecutivo autonómico ante las “graves sospechas de prácticas corruptas” en la concesión de estas declaraciones de impacto.

La Comunidad de Madrid busca que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el “rigor técnico exigible”.

En la región se han aprobado recientemente un total de 53 macroplantas, que suponen casi 10.500 hectáreas.

El escrito pone de manifiesto que la tramitación de estos proyectos pdoría haber alterado el orden lógico del procedimiento, pues las DIA se han emitido con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para Novillo resulta “imprescindible corregir este modelo” a fin de “evitar una ocupación desordenada del suelo”.

Así las cosas, entre las medidas planteadas, el Ejecutivo autonómico ha reclamado que las comunidades autónomas dispongan de un “informe territorial vinculante” en proyectos como estos, en los que la evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y urbanístico.

PROTECCIÓN DEL SUELO

En su escrito, Novillo subraya el compromiso del Ejecutivo autonómico con la transición energética, si bien advierte igualmente de que esta “debe realizarse con criterio de equilibro, rigor y adecuada ordenación del territorio”, a la par que se tiene en cuenta la protección del medio ambiente y sectores estratégicos.

En este punto, desde la Comunidad ponen el foco en el sector agrícola, pues la instalación de macroplantas fotovoltaicas podría tener efectos adversos sobre suelos de valor productivo, como olivares o viñedos, cuya conservación “resulta clave” a nivel económico, ambiental y cultural.

En este sentido, la Comunidad de Madrid solicita también la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.

MAYOR RESPONSABILIDAD DE LAS AUTONOMÍAS

Por otro lado, Novillo ha aprovechado para proponer una revisión del actual marco competencial para que las autonomías puedan ahora asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios.

Estas son macroplantas de más de 100 hectáreas y, por lo tanto, “las que más afecciones territoriales, medioambientales y paisajísticas tienen en regiones de pequeña extensión como es la Comunidad de Madrid”, ha defendido el Gobierno regional.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha aprovechado para recordar la iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de activar un Plan de Protección del Paisaje que delimita los espacios para plantas fotovoltaicas, limitándolos a un 4% del territorio.

El objetivo de esta medida es el de “proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios”. El proyecto incluye un mapa de zonificación regional en el que se pueden observar los lugares adecuados para situar estas infraestructuras de forma equilibrada.

La Comunidad de Madrid ha incidido en que prioridad es aprovechar para estas instalaciones infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental, habiendo conseguido pasar de 370 instalaciones en 2018 a más de 100.000 en 2025.