El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a tramitar los 86 expedientes enviados por la Comunidad de Madrid para repatriar a otros tantos menores inmigrantes no acompañados y que responden a perfiles muy complicados, con serias dificultades de adaptación o que han protagonizado episodios violentos, como la violación de una niña este verano en Hortaleza, cuyo presunto autor en realidad se trataría de un mayor de edad pero que residía en un centro de acogida para menores.

La información fue publicada en exclusiva por El País este jueves y en ella recoge la versión de la Delegación del Gobierno, dirigida por Francisco Martín, encargada de tramitar estas solicitudes. “La Delegación ha trasladado a la Comunidad de Madrid la decisión de no incoación de los expedientes solicitados en cumplimiento de lo previsto por la norma y en aras siempre del interés superior del menor”, defiende un portavoz al diario de Prisa. “Se rechaza ante la falta de garantías en su posible retorno, por lo tanto, prima el interés superior del menor”, subraya.

No obstante, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales desmienten este extremo. La Delegación lo que trasladó a la Comunidad de Madrid a través de una carta es que no iba a iniciar el procedimiento de repatriación porque los expedientes estaban incompletos: no tenían los informes preceptivos de las embajadas y consulados de los países de origen de los menores, no que los rechazaba por los motivos que ahora esgrime ante El País.

“Pero es que es que esos informes quien debe pedirlos es el Gobierno central”, recuerdan fuentes de la consejería del ramo. El asombro en el departamento de Ana Dávila es por tanto mayúsculo: “¿O es que el Gobierno pretende que esos expedientes los monté una comunidad autónoma sin tener competencias para ello?”.

A pesar de dicha contestación, la Administración autonómica ha continuado enviando más solicitudes, que se elevan hoy a 88. “Son 88 expedientes los que ya hemos trasladado a la Delegación del Gobierno tras la celebración de las comisiones de protección para que proceda a iniciar los trámites para su retorno por la imposibilidad de integrarse de estos menores”, señaló Dávila a los medios en los pasillos de la Asamblea.

“Y lo único que hemos recibido por parte del delegado es el reconocimiento de su total inoperancia y de su ineptitud a la hora de gestionar estos expedientes, porque lo que nos traslada no es que no va a proceder al retorno, es que no consigue los informes que el propio Gobierno de España tiene que pedir a los consulados y a las embajadas de los países de origen”, matizó abiertamente la consejera.

Así las cosas, advirtió de que el Ejecutivo madrileño responsabilizará a partir de ahora tanto al delegado como a los ministros competentes y al propio presidente del Gobierno de todos los actos delictivos que puedan cometer estos menores, que seguirán bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Pero “mantener a estos menores en nuestros centros pone en riesgo, además, al propio sistema de protección de la infancia”.

Denuncia a “seis falsos menores”

Ya durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea, a petición de Vox, Dávila informó de que el Ejecutivo autonómico ha denunciado a seis “falsos menores” inmigrantes no acompañados hasta la fecha por “fraude de ley” y defendió que seguirá “peleando” para que el Ejecutivo central “frene este desorden migratorio”.

En noviembre, Dávila avanzó en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, que el Gobierno autonómico iba a denunciar a aquellos adultos que “deliberadamente” se hayan hecho pasar por menores no acompañados.

“Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata”, apuntó.

Durante su comparecencia de este jueves, la consejera madrileña subrayó que Madrid “sigue y seguirá peleando” para que el Ejecutivo central “frene este desorden migratorio, que se lleva por delante miles de vidas, que juega con el futuro de personas vulnerables y que supone un auténtico desprestigio de España a ojos del mundo”.

La consejera madrileña remarcó que el Ejecutivo autonómico “no tiene competencias en materia migratoria, ni de control de fronteras, ni de devoluciones” y que es el Gobierno central el encargado de este asunto, pero que “ha apostado por el caos y por los traslados disimulados”.