El Gobierno anunció el lunes que desclasificaría los documentos sobre el 23-F. Dicho y hecho. En menos de 48 horas ya están disponibles más de 150 archivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del CESID o de Exteriores. ¿Qué hay de nuevo en estos informes? Son interesantes, pero hay poca cosa más allá de lo que ya se sabía. El hecho más destacable es la participación de seis agentes del CESID en el golpe y su posterior maniobra para encubrirse. También hay conversaciones o apuntes, pero que poco cambian el rumbo de los hechos.

El Gobierno alega razones de “transparencia” para justificar la desclasificación del 23-F. ¿Es esa la verdadera razón? Cuesta creer, cuando Moncloa ha cubierto de oscuridad episodios mucho más recientes. Y que, en algunos casos, es la Justicia la que ahora trata de sacar a la luz.

En esferas policiales ya se especulaba sobre cuál sería la cortina de humo del Gobierno para tapar el escándalo del DAO. Aquí la tienen. Pero que se haya elegido el 23-F no es casual. ¿Por qué no los GAL? ¿Por qué no otros turbios episodios de la Historia reciente? Pues porque el 23-F cae como anillo al dedo a un Gobierno que sostiene buena parte de su discurso en advertencias sobre la extrema derecha.