La Comunidad de Madrid aprueba cambios pioneros en la fecha de caducidad de algunas normas, su revisión cada 4 años y en mejora del silencio administrativo positivo
La Comunidad de Madrid va a revolucionar el actual sistema normativo con cambios pioneros que permitirán actualizar las leyes autonómicas de manera periódica, introduciendo fecha de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años.
Se trata de un compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su programa electoral con el fin de avanzar siempre “hacia una Administración eficaz, segura y orientada al ciudadano”. La presidenta madrileña anunció estos cambios en el pasado Debate del Estado de la región del último mes de septiembre.
La Comunidad de Madrid reduce su burocracia:
La normativa obsoleta decaerá automáticamente.
Todas las leyes se revisarán cada cuatro años. Los ciudadanos, instituciones y empresas podrán participar en ello.
Se impone el silencio administrativo positivo y los procesos de las… pic.twitter.com/adS08SBmfh
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 14, 2026
El proyecto de decreto que aprueba este miércoles el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tal y como ha podido saber Telemadrid, regulará esta iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año.
Establece la obligatoriedad de llevar a cabo, al menos, una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo.
También se establecerá fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, es decir, las que se encargan de regular la Administración o entidad pública de manera interna -estructura, funciones, competencias, órganos o procedimientos, entre otros-. No desarrollan sustantivamente materias jurídicas generales, sino que se limitan a explicar la manera de actuar y cómo se distribuyen los servicios.
Por ejemplo, son las leyes que hacen referencia al funcionamiento de un órgano colegiado o los decretos que establecen los principios y actuaciones de la Mesa de Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año, desde la puesta en marcha del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos, con el objetivo de priorizar, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo.
El procedimiento de evaluación de la normativa incluye una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas, y concluirá con un informe elaborado por la consejería competente.
Asimismo, establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo (con excepción de los decretos de estructura orgánica), así como de aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurrido los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ex post, se estime necesario mantenerlas.
Con este tipo de cambios, el Gobierno podrá verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si resulta necesario ajustarlas al contexto actual.
Menos plazos de tramitación
La medida incorpora, además, un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, siempre que hayan superado todos los controles y consultas pertinentes.
Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única, y permitirá una reducción sustancial en los plazos de gestión.
La Comunidad de Madrid continuará avanzando en la reducción del exceso de regulación con el fin de impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos, indican fuentes del Gobierno regional. El principal objetivo de esta iniciativa es “simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas y e inversores”.
