La gestión de las instituciones públicas requiere un cumplimiento escrupuloso de los procedimientos administrativos que garantizan la transparencia y, según, el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la Casa Árabe ha puesto el foco sobre una serie de deficiencias estructurales y operativas durante la etapa de Irene Lozano al frente de la entidad.

La que fuera la escritora de los libros autobiográficos del presidente Pedro Sánchez se enfrenta ahora a un duro escrutinio técnico que cuestiona la legalidad administrativa de la mayoría de sus contrataciones, arrojando un dato especialmente alarmante: el 60% de la contratación de la Casa Árabe presentaba irregularidades.

Según el tribunal, la institución abusó sistemáticamente de fórmulas que deberían ser excepcionales, detectándose un uso indebido de la contratación menor. El informe señala que se produjo un fraccionamiento de contratos para evitar los procesos de licitación pública, los cuales son más transparentes y competitivos.

Al fragmentar servicios que por su naturaleza deberían haber sido objeto de un concurso abierto, la gestión de Lozano habría eludido los controles de fiscalización que garantizan el mejor uso del dinero público y la libre concurrencia de empresas.

Más allá de los contratos de servicios, el informe destaca otros puntos críticos como la falta de justificación en los expedientes, muchos de los cuales carecían de la memoria necesaria para explicar la necesidad de la contratación.

Asimismo, se detectaron deficiencias en los procesos de selección de personal y en la estructura salarial, que en ocasiones no se ajustaba a la normativa vigente para el sector público. El control sobre las subvenciones otorgadas también mostró lagunas, con una fiscalización insuficiente de los resultados obtenidos con dichos fondos.

Irene Lozano llegó a la Casa Árabe tras su paso por la Secretaría de Estado de la España Global y el Consejo Superior de Deportes, y su perfil, estrechamente ligado al núcleo de confianza del Gobierno, ha hecho que este informe no solo sea leído en clave técnica, sino también política.

La Casa Árabe es una herramienta fundamental de la diplomacia pública de España, y el hecho de que más de la mitad de su gestión contractual esté bajo sospecha debilita la imagen internacional de la institución.

En definitiva, el informe del Tribunal de Cuentas funciona como una advertencia sobre el deterioro de los procedimientos de contratación en los organismos públicos. La etapa de Lozano queda así marcada por una sombra de discrecionalidad y falta de rigor administrativo que choca frontalmente con la transparencia exigida a cualquier gestor de fondos públicos en un Estado de derecho.