La Audiencia Provincial de Madrid (APM) ha vuelto a dar la razón al juez instructor Juan Carlos Peinado en las causa abierta contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, como autoras de un presunto delito de malversación. Así lo ha avalado, un auto del órgano judicial de revisión, al que ha tenido acceso El Debate, en el que los magistrados competentes para resolver la impugnación, han desestimado el recurso planteado por ambas investigadas contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, tras citarlas a declarar por este motivo.

La Audiencia de Madrid señala que las conductas que trata el instructor Peinado, en su resolución, «parecen encajar en la figura delictiva de la malversación» de fondos públicos, tras quedar confirmado, a través de múltiples evidencias, cómo Gómez pudo beneficiarse de la actividad de su asistente, pagada del erario, para fines que tenían que ver con su actividad profesional particular. Entre ellas, su participación en algunas gestiones con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida por la mujer del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

«En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente», indica la APM, «sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva».

Tal es así que los magistrados han añadido en su resolución que «probablemente, la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios».

Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado acordó imputar a la esposa de Pedro Sánchez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa.