Plus Ultra Líneas Aéreas es, desde su origen, una compañía pequeña dentro del panorama aeronáutico español. Constituida en 2011 y operativa a partir de 2015, su tamaño siempre fue limitado: una flota reducida, escasa cuota de mercado y una presencia marginal en Barajas frente a los grandes operadores.

Su especialización en rutas hacia Latinoamérica —especialmente Caracas— la convirtió en una aerolínea de nicho, más cercana a un proyecto empresarial de alto riesgo que a una infraestructura estratégica para el país.

Desde muy pronto, diversos medios empezaron a señalar su estrecha relación con Venezuela, no solo a nivel de rutas comerciales, sino también en su estructura financiera.

Investigaciones periodísticas han apuntado a la entrada de capital procedente de empresarios vinculados al entorno chavista, así como a operaciones de financiación opacas y préstamos cruzados difíciles de justificar en una compañía de su tamaño.

Estas informaciones situaban a Plus Ultra como una pieza menor dentro de un entramado económico mayor, relacionado con intereses venezolanos en Europa.

La controversia estalló definitivamente en marzo de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate público de 53 millones de euros con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI.

La decisión provocó un terremoto político y mediático inmediato.

¿Cómo podía considerarse “estratégica” una aerolínea con apenas dos aviones operativos, pérdidas recurrentes y una cuota de mercado insignificante?

La pregunta fue repetida insistentemente por la oposición y por varios medios que denunciaron la operación como un rescate ideológico más que económico.

Según estas investigaciones, el dinero público no se destinó principalmente a garantizar vuelos o mantener empleo, sino a tapar agujeros financieros previos, saldar deudas y refinanciar préstamos vinculados a socios extranjeros.

Parte de esos fondos habrían servido para regularizar operaciones anteriores relacionadas con capital venezolano, lo que alimentó las sospechas de que el rescate funcionó, en la práctica, como un salvavidas indirecto a intereses ajenos al interés general español.

El caso llegó a los tribunales y, aunque en un primer momento fue archivado parcialmente, nunca se cerró del todo. Nuevas informaciones publicadas en los últimos años señalan que las autoridades siguen analizando posibles delitos de malversación, administración desleal y blanqueo de capitales, con ramificaciones internacionales.

Los investigadores tratan de aclarar si parte del dinero público terminó ligado a operaciones opacas relacionadas con el régimen venezolano, incluyendo movimientos financieros a través de terceros países.

A día de hoy, no existe una sentencia firme, pero el rescate de Plus Ultra se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos de la política de ayudas del Gobierno durante la pandemia. Para sus críticos, representa un uso arbitrario del dinero público, una muestra de favoritismo político y una alarmante falta de controles. Para el Ejecutivo, fue una operación legal y necesaria.

Lo indiscutible es que Plus Ultra pasó de ser una aerolínea casi desconocida a un caso paradigmático donde se cruzan política, dinero público, intereses internacionales y Venezuela.

Un episodio que sigue proyectando sombras y que aún no ha dicho su última palabra.

María Alarcón