La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice los correos electrónicos enviados y recibidos en su cuenta oficial en Presidencia desde julio de 2018, cuando se realizó el nombramiento de su asesora, Cristina Álvarez.

El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa, ha presentado dos recursos directos de apelación, a los que ha tenido acceso Europa Press: uno contra el auto por el que Peinado acordó la imputación de Gómez por malversación por la contratación de su asesora; y otro contra la providencia contra la que ordena a Presidencia entregar los ’emails’ de la esposa de Pedro Sánchez a la UCO para que los analicen los agentes.

El letrado sostiene que si recurre la imputación de Gómez por malversación no es para evitar su citación, porque es consciente de que la Audiencia de Madrid no resolverá antes del 10 de septiembre, sino para dejar constancia de que “nada justifica esta nueva declaración que se acuerda tras la múltiples veces en las que ha sido citada a efecto de declarar en esta causa”.

Cabe recordar que Gómez ya ha comparecido en tres ocasiones ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a no declarar, mientras que la tercera optó por responder únicamente a las preguntas de su abogado.

VE “EXORBITANTE” EL ANÁLISIS DE CORREOS DESDE 2018

Respecto a la providencia por la que se reclaman los correos a Presidencia, la defensa denuncia que la decisión “carece de cualquier motivación”, toda vez que “solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica”. De ahí que asegure que la resolución vulnera los derechos fundamentales de su clienta.

Al hilo, Camacho considera “exorbitante” que el juez reclame los ’emails’ de “más de ocho años” y afea que no precise “qué tipo de correos” debe analizar la UCO. “La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que como ya hemos señalado puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad”, agrega.

En este punto, la defensa incide en que no es que defienda que una investigación judicial no pueda afectar dichos ámbitos, sino que si se hace debe “delimitarse” para no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Cabe recordar que en la misma providencia el juez Peinado exigió además a Moncloa que indicase “el nombre completo de las distintas personas que han venido desempeñando el cargo de secretario general de Presidencia, así como el nombre de quiénes “han venido autorizando, aprobando y/o ordenando el pago de las retribuciones percibidas desde el nombramiento hasta el día de la fecha”.

NIEGA QUE “UN FAVOR” SEA “TAN GRAVE COMO LA MALVERSACIÓN”

En el marco de los recursos, el abogado insiste en que no ha habido malversación alguna en la contratación de la asesora y asegura que “la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación”.

En este sentido, precisa que Álvarez desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno. Entre dichas tareas, apunta la gestión de agenda, la preparación de reuniones, la asistencia telefónica y documental y el acompañamiento en desplazamientos, entre otros. Y recuerda que las condiciones del puesto son “de plena disposición, 24 horas 7 días a la semana”.

Así las cosas, recalca que la asesora estaba en copia en los ’emails’ que recibía Gómez porque está a cargo de coordinar su agenda. “Este era el único motivo por el que estaba copiada”, subraya, en referencia a una serie de correos que aportó a la causa el pasado noviembre que evidenciarían que miembros de la Universidad Complutense de Madrid se dirigieron a Gómez con información sobre cómo registrar el dominio de la página web -asunto que se investiga en otra de las ramas de la causa–.

La defensa también hace referencia a otro correo en el que Álvarez, en la posdata, asegura que Gómez le dijo que trasladase a Reale que “le encantaría” que siguiesen como patronos de la cátedra que codirigía.

“En este supuesto la señora Álvarez está transmitiendo un mensaje personal de mi representada en la parte final de un correo que si estaba relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones, mensaje que parece que no entra dentro del cumplimiento de sus funciones por lo que debemos reflexionar acerca de si con esta conducta puede entenderse que se haya cometido el delito de malversación que es objeto de esta pieza”, añade.

Con todo, aduce que “es difícil sostener” que Álvarez o Gómez pudieron cometer un delito de malversación. A su juicio, los correos que constituyen la “base fáctica” en la que se sustenta la posible comisión de dicho delito “son reflejo de lo que era el cumplimiento de las funciones habituales de la asistente”.

Al margen, Camacho aprovecha para desmontar las acusaciones por tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo y apropiación indebida de marca que se le atribuyen a Gómez en las otras ramas de la causa. Y sostiene que dichas acusaciones no guardan relación alguna con el delito de malversación que se le achaca ahora.