Dotar a las universidades de un instrumento para garantizar la libertad, expulsar el sectarismo y la endogamia de los campus universitarios. Así ha definido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su Ley de Universidades. Durante el acto de toma de posesión del nuevo rector de la universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, la dirigente autonómica ha defendido la necesidad de dotar a la región de esta normativa para garantizar la excelencia de los estudios superiores. Asimismo, ha resaltado que con el nuevo modelo de financiación, los centros tendrán unos fondos ajustados a sus necesidades

“Para que la universidad sea plural y de calidad, es esencial que se les dote de las herramientas legales necesarias a la altura de los tiempos”, ha destacado Díaz Ayuso sobre la futura norma. La Ley, que regulará las enseñanzas superiores y la investigación, lleva un año fraguándose, bajo el objetivo de promover que los centros sean “libres, sin censura, sectarismo ni endogamia”. Este viernes, durante una reunión entre los rectores de las seis universidades públicas y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, se entregó el documento completo del anteproyecto de la ley. Financiación plurianual, distrito único de prácticas y régimen sancionador son parte de los grandes bloques que componen el documento.

“Buscamos una ley garantista para todos que ayude a las universidades a hacer su trabajo de forma eficaz, que les permita ejercer su autonomía, ser viables y ocupar en el mundo el puesto de prestigio que les corresponde”, ha señalado la presidenta autonómica. Uno de los puntos centrales será la adopción de un modelo de financiación plurianual a cinco años que contendrá una partida de fondos para gastos básicos, otra para necesidades singulares y por objetivos. “Nunca se va a ir a menos, ninguna universidad va a recibir menos”, ha remarcado sobre esta cuestión.

El nuevo modelo de financiación es una de las reclamaciones que desde las universidades se lleva tiempo planteando debido a la “insostenibilidad económica” de los centros públicos. Tras recibir el texto completo, los rectores valoraron de forma positiva la disposición mostrada por el Gobierno regional para dialogar, pero reiteraron que para una colaboración real debe existir “una participación temprana, leal y efectiva de las universidades públicas en la elaboración de una norma que resulta crucial para su desarrollo y para el conjunto del sistema universitario madrileño”.

Junto a la distribución presupuestaria, la normativa regional incluirá un régimen sancionador con multas que van desde los 300 euros hasta los 1.000.000 euros, en función de la gravedad por actos que impidan el acceso a las aulas, amparar actos de censura o el vandalismo, entre otras cuestiones. Asimismo, se incluye la necesidad de que los rectores sean catedráticos para acceder al cargo, ya que la “excelencia el conocimiento y el saber debe siempre primar y ser un faro para los alumnos”, ha señalado Ayuso. Otro de los puntos de la ley más destacados desde el Gobierno regional es la creación de un distrito único de prácticas y una aplicación para que todos los alumnos puedan acceder a la etapa formativa en empresas.