Ya me cansé. Como decía Juan Manuel Serrat, “Harto ya de estar harto, ya me cansé” de escuchar sandeces y tonterías y del uso maquiavélico del lenguaje para favorecer políticamente a algunos, como es el caso de la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón Paloma Tejero.

La reciente propuesta del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, liderado por Paloma Tejero, de reconstruir las Viviendas Coca de la Piñera para alquilarlas a “precios asequibles” ha generado una cierta polémica política en la ciudad.

Este tipo de políticas de vivienda no solo son cuestionables desde un punto de vista económico, sino que también reflejan un enfoque intervencionista que va en contra del libre mercado y de los principios de desarrollo urbanístico que deberían regir en Pozuelo.

En Pozuelo, se habla de vivienda protegida bajo la modalidad de Vivienda de Precio Venta Limitado (VPPL). Este tipo de viviendas se construyen bajo un suelo calificado como protegido o cedido por parte de los promotores.

El valor del suelo, en este caso, juega un papel clave, ya que debe ser más económico que el suelo destinado a viviendas libres, lo que permite que las viviendas protegidas sean más baratas.

Sin embargo, esta reducción en el coste de las viviendas protegidas tiene un impacto indirecto en los precios del mercado libre, ya que los costos del suelo para viviendas libres deben ser más altos para compensar el valor reducido de las viviendas protegidas.

Así, la financiación de las viviendas protegidas recae en los impuestos de los ciudadanos y, también, en la compra de viviendas libres.

El hecho de que la alcaldesa Tejero y su equipo utilicen el término “vivienda asequible” en lugar de “vivienda protegida” responde a una estrategia política. Este tipo de términos son utilizados por el Partido Popular, ya que el concepto de “vivienda protegida” suena a “izquierdas” y a intervencionismo. De esta manera, el uso de términos como “colaboración público-privada” en lugar de referirse a una intervención estatal directa en el mercado de vivienda, se presenta como una forma de evitar los debates ideológicos más complejos que podrían surgir con la mención de la “vivienda protegida”.

En cualquier caso, en lugar de centrarse en los proyectos de vivienda protegida que ya están en marcha, como el desarrollo de viviendas por parte de empresas como IKASA, el Ayuntamiento de Pozuelo se esté inmiscuyendo en la creación de viviendas en régimen de alquiler a precios “asequibles”.

Este tipo de intervenciones en el mercado de alquiler no solo es innecesario, sino que además resulta perjudicial para los propietarios e inversores que han adquirido propiedades en la zona.

La razón de esta crítica es que los nuevos alquileres que se ofrezcan en estos proyectos serán hasta un 35% más baratos que los precios de alquiler del mercado local.

Y esto se presenta como una competencia desleal para aquellos propietarios que, con esfuerzo, han invertido en sus viviendas y ahora verán cómo los precios de alquiler en la misma zona se reducen considerablemente.

Desde una perspectiva liberal, la intervención en el mercado inmobiliario por parte del Ayuntamiento no hará más que distorsionar aún más el mercado.

El control de los precios de alquiler y la oferta pública de viviendas asequibles no es la solución a los problemas de acceso a la vivienda. Este tipo de políticas no solo afectan a los propietarios de viviendas, sino que también crean un mercado artificialmente alterado que no refleja las leyes naturales de oferta y demanda.

Y es que la noción de que la vivienda debería ser considerada un derecho garantizado por el Estado, como la sanidad o la educación no tiene sentido. La idea de que el Estado deba garantizar vivienda para todos, argumentando que este tipo de intervencionismo no solo es inapropiado, sino que además resulta contraproducente.

En lugar de crear un mercado libre y saludable, este tipo de políticas solo sirven para perpetuar un sistema donde el Estado interviene constantemente en la oferta y demanda del mercado, limitando la capacidad de los individuos y empresas para operar con libertad.

Y es que, a pesar de los intentos del gobierno Tejero de promover una liberalización del suelo, en Pozuelo no es posible. Todo el suelo ya está calificado, y los procesos de desarrollo urbanístico son largos y costosos.

Además, la construcción de viviendas protegidas o asequibles no solo resulta caras, sino que también llevan tiempo y requieren de grandes inversiones en infraestructuras y transporte público. Por lo tanto, las expectativas de liberalizar el suelo o hacer más accesible la vivienda se presentan como una promesa vacía e irreal.

En resumen, la gestión de la alcaldesa Tejero, al optar por un modelo de intervención pública en el mercado inmobiliario, está equivocada. Aunque este tipo de políticas puedan servir para ganar votos, no abordan el verdadero problema de la vivienda en Pozuelo y, en última instancia, solo generan más distorsiones en un mercado que debería ser gestionado de forma más eficiente y menos interventora.

Juan Pozuelo

NdR:

Por cierto, ayer mismo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid Jorge Rodrigo ha asegurado que la “ley de vivienda del Gobierno (sanchista) no garantiza seguridad jurídica”.