La Comunidad de Madrid atendió a lo largo del año pasado a 2.400 menores extranjeros no acompañados. Del total de esta cifra, además, un total de 1.100 llegaron a la región a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según ha reconocido la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

En declaraciones a los periodistas, Dávila ha indicado que estos menores han llegado a la región «de manera ilegal, sin ningún control por parte del Gobierno y sin ningún tipo de planificación para la Comunidad de Madrid, que ha tenido que incorporar recursos de manera extraordinaria y de emergencia, de forma muy abrupta».

En palabras de la consejera, esta llegada masiva «pone en riesgo al sistema de protección de menores, porque en muchos casos, además, no está controlada la documentación y nos trasladan a personas que en realidad son mayores de edad, a centros de menores de edad, por la mera declaración de la minoría».

En este sentido, desde hace más de un año y medio, ha señalado Dávila, la Comunidad de Madrid lleva pidiendo que el Gobierno de España tenga «un plan» para todas estas personas que además, en muchos casos, vienen por «la ruta más peligrosa del mundo», la ruta canaria, y que siguen perdiendo la vida en el mar en una dura travesía en la que sólo pretenden lograr una vida mejor.

«El Gobierno de España lo que está haciendo con ese traslado (de menores migrantes a las distintas comunidades autónomas) es ser el último transportista del itinerario que realizan las mafias y esto, desde luego, no se puede consentir», ha resaltado la consejera de la Comunidad de Madrid, a modo de crítica a las políticas migratorias de Moncloa.

«Seguimos viendo que el Gobierno de España no tiene un plan, lo que hace es trasladar el problema a las comunidades autónomas, en esta ocasión, además, de manera forzosa, sin contar con las partes y, en concreto, en el caso de la Comunidad de Madrid, no está contando con que evidentemente nosotros tenemos un problema con la llegada a través de Barajas», ha expuesto Dávila a modo de balance migratorio del año 2024 que acaba de concluir.

Según el Ejecutivo canario, el Gobierno de España y Canarias se han dado un plazo total de 10 días para pactar una fórmula de distribución puntual de menores migrantes no acompañados entre comunidades que, según todos los datos que manejan, supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta sin necesidad de cambiar la ley de extranjería actual.