La caprichosa Macrofiesta  de Nochevieja de la alcaldesa Paloma Tejero pone de manifiesto una situación inadmisible y de extrema gravedad que involucra tanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como a la Comunidad de Madrid, ambos responsables por acción y omisión de una fiesta de Fin de Año ilegal que pone en jaque la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la zona.

La alcaldesa, en un acto premeditado de fraude normativo, ha clasificado esta celebración como una “verbena” para evitar los estrictos requisitos legales aplicables a las macrofiestas. Por su parte, la consejería de la Comunidad de Madrid que dirige Carlos Novillo, al no actuar con firmeza para impedir esta burla a la normativa, se convierte en cómplice pasivo de una negligencia institucional de proporciones inaceptables.

La decisión del Gobierno de Pozuelo de esquivar la normativa establecida por la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y el Decreto 184/1998 no es un simple error administrativo, sino un acto deliberado de desobediencia legal que prioriza intereses comerciales por encima de la seguridad y los derechos de los vecinos.

Y es que clasificar un evento con 3.000 asistentes previstos, en un recinto cerrado y venta de alcohol como una “verbena” no solo desafía el sentido común, sino que constituye una tomadura de pelo a los vecinos y un desprecio absoluto por la legalidad y por las obligaciones éticas de una institución pública. Esta maniobra no solo vulnera la ley, sino que socava gravemente la confianza en el Ayuntamiento como garantía de la convivencia.

La Comunidad de Madrid, pese a haber autorizado únicamente seis macrofiestas bajo un estricto cumplimiento de la normativa, como ya informó El Correo de Pozuelo hace unos días, ha permitido que este evento de Pozuelo se organice al margen de las reglas.

Pero el impacto de esta fiesta ilegal no se limita a su incumplimiento normativo, sino que también supone una amenaza directa para la seguridad y la convivencia de los vecinos.

La ausencia de vigilancia policial en el interior del recinto, la venta de alcohol sin controles efectivos y la presencia de menores de 16 años configuran un cóctel explosivo de riesgos que el Ayuntamiento de Pozuelo y la Comunidad de Madrid han decidido ignorar de manera irresponsable.

Los vecinos, que ya sufren las consecuencias de ruido, vandalismo y altercados, se encuentran desprotegidos ante un Ayuntamiento y una Región que no solo no actúan para prevenir estos problemas, sino que los fomentan con su permisividad.

Las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Pozuelo tras la presión vecinal, como el control de DNI y la autorización parental de los menores de 18 años, no son más que una pantomima destinada a apaciguar críticas. Estas acciones tardías y superficiales no resuelven el problema de fondo: La ilegalidad flagrante del evento y la negligencia sistemática de las autoridades. Que sean los propios vecinos quienes deban movilizarse y asumir la tarea de denunciar estas irregularidades evidencia un fracaso rotundo de las instituciones.

La pasividad de la Comunidad de Madrid frente a esta situación resulta especialmente indignante. Su incapacidad para intervenir y sancionar al Ayuntamiento de Pozuelo no solo la convierte en cómplice, sino que también envía un mensaje de impunidad que legitima este tipo de conductas en otros municipios. La Comunidad está fallando rotundamente en su deber de garantizar el cumplimiento de las leyes y proteger a los ciudadanos de los abusos de las administraciones.

Ante esta irresponsabilidad se impone una exigencia clara y contundente: La suspensión inmediata del evento y la depuración de responsabilidades tanto en el Ayuntamiento de Pozuelo como en la Comunidad de Madrid.

La permisividad mostrada por ambas instituciones no solo es una afrenta a la legalidad, sino también un acto de desprecio hacia los ciudadanos a quienes están obligados a servir.

Si estas autoridades no son capaces de cumplir con su deber, se enfrentarán a las consecuencias legales y políticas de sus actos.

La ciudadanía no puede tolerar ni un minuto más esta deriva de negligencia.

Es intolerable. Veremos en qué queda el capricho.

Juan Pozuelo