La conocida como tasa de basuras que obliga a los vecinos de todos los municipios de España a pagar la totalidad del coste del tratamiento de residuos a partir del año que viene va a “encarecer los arrendamientos” en Madrid. Es lo que cree el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha afirmado que “los inquilinos tendrán que asumir una tasa que en estos momentos no existe en la ciudad”.

Además, para paliar el coste de esta ley sobre los madrileños, Almeida ha asegurado que la presión fiscal será menor en 2025 que en 2019 “pese a estas tasas”.

La ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a los ayuntamientos a establecer una tasa “específica, diferenciada y no deficitaria” que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos.

Este nuevo gravamen debe cubrir todos los gastos que genera el servicio, por lo que las corporaciones locales ya no podrán, como hasta ahora, no establecerla y en su lugar financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos con recursos del presupuesto municipal. Inevitablemente el coste extra correrá o a cargo de los propietarios, que pueden decidir incrementar el precio de su alquiler para hacerle frente; o directamente a cargo de los inquilinos.

Por eso, el alcalde de la capital ha avisado a los madrileños de que “esto es un ‘sanchazo’ y efectivamente va a encarecer el arrendamiento en Madrid”.

Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el importe medio del tributo en España ronda los 90 euros al año. Si esa cifra supone solo el 40% del coste total, el recibo medio pasaría a ser de 225 euros, lo que significa pagar 135 euros más que ahora, un incremento del 150%.

Para tratar de compensar esta subida impositiva en los madrileños, el regidor de la capital ha anunciado que está estudiando una rebaja fiscal que permita, aunque sea parcialmente, poder paliar “el ‘sanchazo’ que viene en forma de tasa de basura”.

Cubos de basura en Madrid.

El área de Economía y Hacienda del Consistorio madrileño está ultimando las ordenanza fiscales en las que regula los impuestos, tasas, contribuciones especiales y los precios públicos.

En este sentido, Martínez-Almeida ha querido mandar un mensaje a los madrileños: “Que la presión fiscal es menor que la que había en 2019 y ni siquiera con este tasazo va a ser superior”.

Además, asegura que van a seguir avanzando “en el compromiso de que el IBI alcance el mínimo legal antes de que acabe la legislatura”.

El regidor de Madrid ha insistido en que esta tasa va a incidir en el precio del alquiler, cuestión que, a su juicio, le ha dado igual a “aquellos que defienden el tope al alquiler y se lo han pasado por el forro”. Esta es, asegura, la “política de vivienda de Pedro Sánchez”: “te encarezco el coste del arrendamiento introduciendo nuevas tasas que en estos momentos no existen”.

“Objeto de impugnaciones en los tribunales”

Los ayuntamientos de España, incluso los de municipios con una población de hasta 5.000 habitantes tienen que aplicar la tasa. La normativa estatal da un plazo de tres años a las entidades locales para establecer el tributo y ese plazo vence el 10 de abril de 2025.

Almeida piensa que este gravamen será “objeto de impugnaciones en los tribunales” por parte de los vecinos porque “la ley es bastante chapucera”. De hecho, recuerda que los ayuntamientos están adoptando criterios muy diferentes para calcularla: algunos mediante la factura de agua, otros por el número de habitantes de una vivienda…

Una vez hecho el cálculo, muchos consistorios como el de Alcalá de Henares o Móstoles, han optado por bajar otros impuestos para intentar compensar la nueva tasa de basuras.