La organización Manos Limpias, la misma que ha denunciado a Begoña Gómez por supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias, fue la que sentó en febrero de 2014 a la Infanta Cristina en el banquillo de los acusados. Nadie más la acusaba; incluso, se la juzgó en contra del criterio de la Abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción de Palma de Mallorca, Pedro Horrach.

En aquel momento, el responsable de Manos Limpias era el mismo que ahora, Miguel Bernad, pero nadie intentó descalificar a esta organización con el argumento de que era de extrema derecha. Ni siquiera, los dos jueces que se ocuparon del llamado caso Nòos y que eran de extrema izquierda, como se tiempos después, cuando aceptaron ser candidatos en las listas de Podemos y de Sumar.

Ni el juez instructor del caso, José Castro, ni el juez presidente del tribunal encargado de juzgar a la Infanta, Juan Pedro Yllanes Suárez, presentaron el menor reparo a una organización que iba a sentar, por primera vez, en el banquillo a un familiar del Rey y, de paso, desgastar a la Corona.

Es más, mientras se desarrollaba el juicio, los responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, ingresaron en prisión acusados de extorsión y estafa (fueron condenados y luego absueltos), y los abogados de Iñaki Urdangarin y de su socio -no el de la Infanta- pidieron la retirada de Manos Limpias del juicio.

Pero el tribunal rechazó su expulsión. La magistrada que lo presidía, Samantha Romero, se mostró partidaria de respetar el principio de la presunción de inocencia y legitimar a Manos Limpias para que continuara ejerciendo la acusación particular.

Todas las críticas iban contra el fiscal

En aquel momento, todas las críticas se dirigían al mismo blanco: el fiscal Pedro Horrach, porque decía que no había «elementos de juicio» para que se sentara a la Infanta Cristina en el banquillo. Y algunos sectores no solo querían verla en el banquillo sino que iban más allá: querían obligar a Doña Cristina a llegar caminando hasta el juzgado por un recorrido acotado con vallas y rodeada por los medios de comunicación, en lugar de acceder en coche hasta la puerta. Era la famosa «pena del paseíllo», que se aplicaba con mucha generosidad en el circo mediático que se convirtió ese juicio.

La pena del «paseíllo»

En plena polémica por el «paseíllo», el PSOE, UPyD y PNV respaldaron la petición de Manos Limpias para que se impidiera a la Infanta llegar en coche hasta la puerta del juzgado. Todos exigieron que llegara a pie y decían que ese paseíllo no tenía «por qué ser humillante».

Soraya Rodríguez, entonces portavoz parlamentaria del PSOE, argumentaba que «todos los españoles somos iguales ante la ley y hay que actuar en consecuencia». Pero lo cierto es que a nadie se le obligaba a ir andando hasta el juzgado, cuando podía hacerlo en coche o entrar por el garaje.

(Gentileza de El Debate-Almudena Martínez-Fornés)