El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha alertado de las «presiones» a los jueces en plena polémica por las comisiones parlamentarias sobre presuntos casos de lawfare que impulsan el PSOE y sus socios. En unas jornadas de la Abogacía General del Estado organizadas en la sede del Ministerio de Justicia, Patricia Álvarez González, letrada del TJUE, ha analizado una treintena de sentencias sobre independencia judicial. «El Tribunal de Justicia de la UE ha señalado que la necesidad de independencia judicial fija que los órganos jurisdiccionales deben ejercer su función jurisdiccional con plena autonomía sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico, de subordinación respecto terceros y sin recibir ninguna orden o instrucción», indica la citada integrante del TJUE.

En plena tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía, ante una cuestión prejudicial impulsada por un juez español o ante la petición de medidas cautelares por parte de la Comisión Europea o de la Eurocámara, el TJUE puede dejar «inaplicadas» normativas estatales, asegura Álvarez González. Polonia, Hungría y Rumanía ya se han enfrentado a este tipo de circunstancias cuando sus gobernantes han tratado de socavar el Estado de Derecho.

La letrada recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE abre la puerta a tumbar leyes si contienen presiones «cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que el juez quede protegido de injerencias o presiones externas que hagan peligrar su independencia al juzgar conforme al principio de separación de poderes del Estado de Derecho». En particular, cita «la independencia de los tribunales frente a los poderes legislativo y ejecutivo».

En la ponencia titulada «Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE relativa al cumplimiento del Estado de Derecho en la UE. Especial referencia a la independencia judicial», la letrada ha comentado que el TJUE históricamente también ha protegido a los jueces ante criterios injustos de cambio de destino, de sueldos no acordes a sus responsabilidades o de un régimen de sanciones y de ceses inadecuados.

«Evitar el control político»

«Cuando un Estado regula los procedimientos penales contra jueces, se exigen reglas específicas justificadas por imperativos verificables, siempre relacionados con la buena administración de la Justicia. Deben presentar garantías necesarias para evitar que el proceso penal pueda ser utilizado como un medio de control político de la actividad de los jueces. Igualmente se debe consagrar la posibilidad de impugnar judicialmente las resoluciones del órgano disciplinario», relata.

En esas mismas jornadas, Miguel Sampol, juez en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), ha hablado de «Retos de las jurisdicciones de la Unión Europea, en particular, del Tribunal de Justicia de la UE». Ha recordado que los tratado comunitarios fijan valores como «el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto de los Derechos Humanos».

Principio de no regresión

Por su lado, menciona varios casos relativos al Estado de Derecho impulsados por un sindicato de jueces portugueses o una sentencia ligada al nombramiento de magistrados malteses. Sampol remarca que se ha fijado «un principio de no regresión, es decir, una vez un país entra en el club no cabe una regresión en el respeto de estos valores».

Además de inaplicar una ley como medida cautelar, en los últimos años se ha abierto la puerta de la condicionalidad presupuestaria, es decir, cortar el grifo de los fondos UE ante ataques al Estado de Derecho. Además, avanza que en los próximos meses el TJUE, a petición de la Comisión Europea, se pronunciará sobre posibles vulneraciones de legislaciones húngaras sobre cambios en varias áreas de su ordenamiento jurídico. Ahí se marcará el camino sobre «el valor propio» y «hasta donde llegan» los valores que consagran los tratados, entre ellos, el de igualdad de todos los ciudadanos.

Por su parte, Daniel Calleja, director general de los Servicios

Jurídicos de la Comisión Europea, también enfatiza que el TJUE, al confirmar el reglamento de condicionalidad de los fondos UE, «ha dicho que los valores de la UE no son una simple declaración de intenciones, son valores jurídicamente vinculantes y están sujetos al principio de no regresión. Esto no es rellenar un formulario. Hay que mantenerlos mientras seas miembro bajo el control del Tribunal de Justicia».

A lo largo de dos días, los abogados del Estado debatieron a puerta cerrada los asuntos jurídicos más relevantes en la actualidad en plena presidencia española del Consejo de la UE. Unas jornadas abiertas por Félix Bolaños, que remarcó la importancia de que la Abogacía del Estado regrese al Palacio de La Moncloa y la promesa de renovar el CGPJ. Sin citar en ningún momento la amnistía, los juristas han coincidido en la necesidad de «dar forma legal a todos los retos» que hay por delante, como ha zanjado la abogada general del Estado, Consuelo Castro.

(Gentileza de OkDiario-Fernán González)