(20-03-15) Desde hace tres semanas, los 5.200 abogados del turno de oficio trabajan a reglamento y tan solo asisten los casos más graves o los que afectan a personas con la documentación que las acredita como beneficiarias del turno. Esta huelga de celo está empezando a generar problemas en los juzgados, ya de por sí sobrecargados. Algunos procesos pueden demorarse meses, si el problema no se soluciona pronto.

Los retrasos reiterados de la Comunidad de Madrid en el pago de los honorarios y las bajas tarifas que tienen desde hace más de una década han llevado al colectivo a plantarse.

El turno de oficio y la Consejería de Interior y Justicia siempre han mantenido unas relaciones tensas. Los integrantes del primero llevan años criticando la tardanza del Ejecutivo regional en saldar sus cuentas, con meses y meses de retraso, además de negarse de forma reiterada a revisar las minutas que paga. Estas se fijaron en 2003, cuando la Comunidad de Madrid asumió las competencias de Justicia, y se rebajaron de forma unilateral en 2012. Esto hace que los letrados hayan perdido un 44% de poder adquisitivo desde 2003.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha criticado la excesiva litigiosidad de los madrileños y que los abogados agotan todos los recursos de que disponen, con el consiguiente gasto para las arcas regionales. La decana del Colegio de Abogados (77.000 afiliados), Sonia Gumpert, replica: “Los profesionales somos nosotros y sabemos hasta dónde tenemos que llegar, tanto legal como procesalmente. Es como si a un médico le dijeran que no tiene que operar a un paciente más que un determinado número de veces, en lugar de buscar que se cure”.

Los abogados del turno de oficio han decidido parar hasta que se les reconozca su trabajo. Por eso, desde hace tres semanas se limitan a prestar servicio a las personas detenidas, tanto en comisarías como en juzgados, y a las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las víctimas de violencia de género o de trata de personas.

En el resto de los casos, esperan a que el interesado presente toda la documentación y se apruebe su expediente como beneficiario de justicia gratuita. Este paso es el que está generando más problemas en los juzgados. “De momento, los jueces no se han quejado. Al revés, entienden que hay un problema importante, como es el abandono de la justicia, y que nuestra protesta es sobre uno de los aspectos que fallan en todo el entramado”, señala la decana.