El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente la nueva ordenanza para la concesión de subvenciones. Supone unificar el plan estratégico de subvenciones a todo el Consistorio, una novedad respecto a la normativa que estaba hasta ahora vigente, que establecía uno para cada área de Gobierno. También se traducirá en una mejora en la tramitación y la gestión de las convocatorias, ya que se regulará la convocatoria abierta de manera que permita realizar varios procedimientos de selección sucesivos a lo largo de un mismo ejercicio presupuestario para una misma línea de subvención.

La nueva ordenanza también implicará un incremento del control y la motivación en aspectos carentes de regulación o con deficiencias en la normativa que se aplicaba hasta ahora. Además, será la Junta de Gobierno la que se encargue de fijar el régimen de autorización de las subvenciones de concesión directa.

Estas son algunas de las medidas que incluye la nueva regulación municipal, que hasta el pasado mes de septiembre se encontraba en información pública. Durante ese periodo, un total de 12 entidades formularon diferentes alegaciones. Sin embargo, Cibeles solo ha admitido a trámite las que hacían referencia a cuatro artículos de la ordenanza, que aclaran y precisan aspectos vinculados a la documentación y justificación por parte de los beneficiarios de las subvenciones recibidas.

El resto de las alegaciones que se habían presentado han sido desestimadas por “no estar suficientemente motivadas, ser contrarias a los objetivos de la reforma emprendida o proponer cambios que superan el ámbito regulado en el proyecto inicial de modificación de la Ordenanza”, según ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Los ejes de la ordenanza

La reforma del texto, que afecta a más de 30 artículos de la normativa, supondrá una reconfiguración del sistema de la planificación estratégica, un avance en la simplificación administrativa, una garantía en la objetivación y más concreción del objeto de las subvenciones. También se traducirá en un refuerzo en el uso de los principios generales de publicidad.

El primer eje sobre el que gira la nueva regulación es un nuevo modelo de planificación estratégica de las subvenciones municipales, con el objetivo de mejorar su seguimiento y evaluación. En esta línea, se aprobará un único plan estratégico de subvenciones en todo Cibeles. Será aprobado por la Junta de Gobierno para los próximos 4 años con informes de seguimiento dentro del primer semestre de cada ejercicio de vigencia. Todo ello, permitirá al Consistorio tener una visión integral de la actividad de subvenciones y una evaluación más precisa de los resultados e impactos de las ayudas concedidas.

El segundo eje es la mejora de la tramitación y gestión de las convocatorias. También facilitará la justificación telemática de las subvenciones e introducirá la justificación mediante informe de auditor para cualquier tipo de subvención. Por otro lado, incluye una nueva regulación que permitirá convocatorias de subvenciones o subvenciones de concesión directa no nominativa plurianuales y anticipadas.

El tercer eje, que recupera uno de los requisitos que se suprimió durante el mandato de Manuela Carmena, se centra en el incremento de los controles y la motivación en aspectos que todavía no contaban con regulación. En esta línea, será la Junta de Gobierno la encargada de fijar el régimen de autorización de las subvenciones de concesión directa, o ‘a dedo’, para que estas sean de carácter excepcional. De esta manera, se concederán a aquellas que estén basadas en el interés público, social, económico o humanitario.

Otros cambios en la normativa

La nueva ordenanza, además, incrementará la exigencia de una adecuada descripción del objeto de las subvenciones municipales, independientemente de cuál sea su procedimiento de concesión. Además, la subcontratación de las actividades subvencionadas pueda alcanzar el 100 %, solamente si la convocatoria lo prevé. En caso contrario, el límite será del 50%.

El equipo de Gobierno ha querido también actualizar la normativa con el objetivo de mejorar su calidad regulatoria. Esto se traduce en que se van a sustituir las referencias a las normas derogadas o a sus concretos preceptos por referencias genéricas a la normativa que resulte de aplicación en materia de procedimiento administrativo común, protección de datos o transparencia.